Una familia con un hijo de siete años con parálisis cerebral ha sido desahuciada este miércoles en Alicante a pesar de contar con un informe de vulnerabilidad y de no tener alternativa habitacional. Los vecinos y el Sindicat de Barri de Carolines han tratado de frenar el desalojo sin éxito y, al producirse, han acudido a acampar frente a la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante, que finalmente ha ofrecido una solución temporal de un piso compartido durante un mes.
El desahucio se ha producido en una vivienda de Pasaje Artesanía número 4 de Alicante, donde decenas de personas se han concentrado para intentar parar el lanzamiento.
Daniel Martínez, miembro del Sindicat, ha explicado a Europa Press que se trata de una familia en situación de vulnerabilidad, “sin ingresos apenas” y con un hijo de 7 años “con un 95 por ciento de discapacidad”, ya que padece una grave enfermedad, llamada parálisis cerebral infantil con epilepsia, que le mantiene postrado en un silla de ruedas y le hace necesario asistir al centro de educación especial el Santo Ángel de la Guarda en Alicante.
Al llevarse a cabo el desahucio, la organización vecinal ha movilizado a las personas allí concentradas para acampar frente a la delegación de Bienestar Social de Alicante. Posteriormente, han conseguido reunirse con la edil del área, Begoña León, quien ha ofrecido a la familia una noche de albergue y, a partir de este jueves, un piso compartido durante un mes.
“Se han sacado esta solución por la presión que estamos ejerciendo y porque es una vergüenza dejar en la calle a personas con vulnerabilidad. Es una solución temporal, sin estar la vivienda adaptada a las necesidades de la infancia, únicamente para poder calmar las aguas”, ha lamentado Martínez.
No obstante, ha afirmado que esta solución temporal, “una manera de lavarse las manos” del consistorio, da más tiempo a la entidad vecinal para organizarse, pero ha recalcado que esta resolución “solo ha sido posible gracias a la lucha”.
Martínez ha censurado que existe un “abandono sistemático” por parte de las instituciones, porque “además de crecer los desahucios, también aumentan las trabas burocráticas para conseguir un informe de vulnerabilidad o el reconocimiento por parte de Servicios Sociales de la vulnerabilidad de la familia”, al tiempo que ha denunciado que “las instituciones están llegando tarde”.