Desde el pasado 1 de noviembre, las 40 familias afectadas -entre los que se encuentran más de 15 menores- que residían en el Convento de Santo Domingo de Guzmán, ubicado en la calle del Maestro Chapí en la localidad de Torrent, han tenido que lidiar con todo tipo de vejaciones por parte de la administradora del hostal porque quería desalojarlos por no “poder pagar las habitaciones”. “Soy madre con dos niños a mi cargo. Hemos migrado hace poco a España. Con la DANA, nos empezaron a desalojar. Nos están hostigando e intimidando para que paguemos algo que no podemos. Nuestros trabajos están en Valencia y no podemos trasladarnos. Nos quitaron el agua, la luz y estábamos sin alimentos y empezó a echarnos en mitad de la inundación. Por ser familias migrantes y sin documentos nos hemos quedado atrapados en mitad de la dificultad. Nos oprimen en el único sitio en el que podemos quedarnos. Es una cárcel”, relata una de las personas afectadas, que prefiere mantenerse en el anonimato.
Entre las personas más vulnerables, hay una embarazada con fecha de salida de cuentas, dos mujeres que dieron a luz en plena riada, otra con una cesárea reciente, un recién nacido y un niño con trastorno del espectro autista. Según cuenta Marcela Bahamón, integrante de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados (AIPHyC), la dueña les cortó el suministro de luz y les impedía el acceso a la cocina: “Llegó a tirarles un microondas a la calle para que no pudieran preparar sus alimentos”, relata.
En línea similar, el testimonio que reside en el lugar explica que el motivo de la expulsión es porque “la administradora quiere cobrar una ayuda del Ayuntamiento destinada a realojar a las personas damnificadas por la DANA”. Además, sostiene que todo es una fachada porque se están aprovechando de hacer “negocio”.
La gerente del lugar, Isabel Carretero, con la que se ha puesto en contacto elDiario.es, desmiente todas esas informaciones y asegura que mañana presentará una demanda en el juzgado: “Me llamó la policía para decirme que habían tirado a una familia. No se ha echado a nadie. Hemos cuidado siempre de todos. A mí no me pagan ni he recibido ninguna ayuda. No sé por qué se ha armado este revuelo”.
La responsable del hostal explica que se deposita una cuota para residir en el convento, pero a quien no puede hacerse cargo de ella se les “dice que no pasa nada”: “No podemos tener estos líos. Los vecinos me apoyan y me dicen que la gente no cumplen las normas y molestan a las tantas de la madrugada”.
Preguntada por las denuncias que la culpan de prohibir que realicen su vida diaria o de romper objetos, Carretero invita a cualquiera a “pasarse por el lugar y comprobar que no es cierto”.
Bajo el nombre de Cierto Cierto, la organización encargada de gestionar el hostal no está inscrita como entidad legal. En la página web de la Archidiócesis de València, se presenta como “una asociación sin ánimo de lucro”. El teléfono con el que se ha contactado está ligado a una “agencia de servicios de atención a la tercera edad en Valencia” llamada Siempre Adelante, cuya sede está en el distrito de Ciutat Vella de València.
El convento pertenece a los Dominicos, una orden religiosa de la Iglesia católica; sin embargo, Isabel Carretero es quien tiene la potestad de alojar a las familias, tal y como ella confirma. Según la AIPHyC, las organizaciones que se encargan de coordinar y buscar un hogar a las personas migrantes -entre las que se encuentra Cáritas- no tienen constancia de que la gerente “les cobra un alquiler mensual de entre 350 y 600 euros”. Este periódico se ha puesto en contacto con la ONG vinculada a la Iglesia, pero no ha recibido respuesta.
La Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados denuncia que la policía de Torrent solo aceptó una denuncia de una afectada, y que las demás las rechazaron: “Cogieron las identificaciones de cinco personas y les dijeron que ya les llamarían”. Por temor de que les expulsaran del país, desde la organización se han puesto en contacto con la Oficina de Víctimas del Delito y les han asegurado que “ninguna persona actualmente en España puede ser repatriada”, y menos si es víctima: “En la comisaría no lo tenían claro porque no les tomaron la denuncia”. Los afectados tienen miedo de que la administradora les denuncie porque tiene a su disposición la documentación de cada miembro.
Marcela Bahamón asegura que este miércoles se puso en contacto con la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, para comentarle la situación y que la edil declinó porque “estaba afónica”. “Le dije que solo quería que me escuchara y me dijo hasta en tres ocasiones que no podía hablar. Le avisé de que iba a llamar a los medios”.
“También somos supervivientes de la DANA”
Para las personas migrantes sin regular, es complicado encontrar un lugar seguro y lograr acceder a los mismos derechos que otros ciudadanos con nacionalidad. La persona anónima que lo explica relata que muchas familias que llegaban se iban quedando en el hostal y formaban una comunidad: “Casi todas las labores son informales y mal remuneradas porque no tenemos documentación para trabajar, y con lo que ganamos solo nos llega para el alquiler”.
Con la DANA se complicó la situación. Quedaron aislados: “El hambre hizo que todo fuera más dramático. Cáritas nos trajo alimentos y eso enfadó a la administradora porque sabía que podríamos centrarnos en luchar por quedarnos”.
“Estamos resistiendo a las afueras del lugar para que nos reubiquen en un sitio digno. No tenemos otra alternativa. Nuestra economía es débil. Estamos en una segunda emergencia. No pedimos caridad, queremos que respeten nuestro derecho a estar en este país. Queremos que las noticias tengan impacto en la sociedad y que no se nos abandone. También somos supervivientes de esta catástrofe”, cuenta la perjudicada.
El testimonio también destaca que aunque no se vieron desbordados por el agua, muchos de los residentes tuvieron que luchar por sus vidas en el trayecto a casa, sobreviviendo a los estragos de la DANA.