Este domingo, la Policía Nacional informó de la detención el pasado miércoles de un hombre en Gandia “instantes después de agredir sexualmente a una joven e impedirle abandonar el domicilio”, una noticia de la que se hizo eco eldiario.es. El comunicado, emitido a las once de la mañana, también hacía referencia a que en la vivienda había otros cinco hombres, también detenidos “como presuntos autores de un delito de omisión del deber de socorro, ya que ante los gritos de la víctima no hicieron nada”.
El comunicado ignoraba que el caso había quedado resuelto dos días antes con la celebración de un juicio rápido contra la denunciante y la puesta en libertad de los detenidos.
Los seis hombres arrestados ya se encontraban en libertad el domingo por decisión del juez después de que la joven confesara en el juzgado que había mentido motivada por los celos, tal y como recogen los autos del pasado viernes del Juzgado de Instrucción nº 1 de Gandia.
El arrestado por agresión, de origen extranjero, no quedó en libertad, porque el juez de Gandia acordó autorizar su expulsión de España y su internamiento provisional hasta un máximo de 60 días en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores de València. El magistrado afirmó que “existen suficientes datos para concluir que se encuentra en España en situación ilícita, o cuando menos, irregular”, dado que le consta una expulsión acordada por la Subdelegación de Gobierno en octubre de 2016.
Asimismo, indicó que “no goza de arraigo personal, familiar o profesional” en España, lo que “permite presumir su disposición favorable a fugarse con el objeto de evitar la expulsión”, al igual que “no justificar intentos o solicitudes de legalizar su situación”.
Los otros cinco detenidos por un presunto delito de omisión del deber de socorro quedaron en libertad.
Condenada a pagar una multa
Las dos resoluciones no son firmes y dejan un plazo de tres días para interponer recursos, a contar desde el pasado viernes. Los seis son defendidos por el despacho de abogados América 4 de València, que interpondrá querellas a la joven para solicitar responsabilidad civil al haberles privado de libertad durante 48 horas.
Según ha informado el bufete a Europa Press, el juicio rápido contra la joven se celebró el mismo viernes y fue condenada a un año de cárcel por la denuncia falsa, aunque la pena finalmente fue rebajada a una multa por conformidad y por no contar con antecedentes penales.