El lenguaje, la desinformación o las actitudes “paternalistas” complican el acceso a la justicia de las personas mayores

¿Es efectivo el derecho a la Justicia de las personas mayores? Es la premisa de la que se parte en el ‘II Congreso Internacional de Derecho, Derechos y personas Mayores: Acceso a la Justicia’ que se celebra en el Ilustre Colegio de Abogados de València (ICAV) para plantear soluciones de inclusión de las personas mayores en el ecosistema judicial y garantizar sus derechos con un acompañamiento eficaz ante operadores jurídicos, abogados, fiscales, notarios, jueces, registradores y funcionarios quienes “suelen tratarlos de forma paternalista”, explica Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional de la Facultat de Dret de la Universitat de Vàlencia y codirector del congreso.

Durante el encuentro, dividido en tres jornadas, se han abordado los prejuicios que se tienen sobre las personas de edad avanzada en relación con los tribunales, o el propio miedo que sienten los protagonistas ante la falta de información, la complejidad del lenguaje o la brecha digital que les supone un desincentivo más en su cotidianeidad.

En palabras de Flores, a raíz de la pandemia, la discriminación hacia este grupo poblacional es cada vez más patente: “Hay una cantidad enorme de abusos hacia este colectivo, por ejemplo, por parte de algunas empresas de telefonía, que intentan estafarte. La incapacidad de acceso a la justicia para reclamar o la violación del derecho del consumidor es altísima”.

Esta segunda edición se ha inaugurado de la mano de José Soriano Poves, Decano del ICAV; Clara Viana, Decana de la Facultat de Dret de la UV; Isabel Martínez Lozano, presidenta de HelpAge España; José García Añón del Instituto de Derechos Humanos de la UV; la Directora General de Justicia y Autogobierno de la Conselleria de Justicia María José Adalid Hinarejos y el profesor Fernando Flores, el congreso abordará durante tres días éstas y otras muchas cuestiones.

Colaboran en el Congreso la Facultad de Derecho y el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, HelpAge International España, Observatorio del Edadismo, el Ilustre Colegio de Abogados de València, la Generalitat Valenciana, el Colegio Notarial de Valencia, la Editorial Tirant lo Blanch, el Proyecto I+D Injustice y Jubilare- Registradores de España.

“Desmitificar a las personas mayores como consumidores”

“¿Quién se siente viejo a los 60?”. Así iniciaba Sofía de Andrés García, primera diputada de la Junta de Gobierno del ICAV, en una de las mesas de la sesión del jueves. La cita, extraída de un artículo de opinión de La Vanguardia, sirvió como ejemplo para explicar que el concepto de edad y vejez varía según la percepción sociocultural de una región o país.

Tras ello, dio paso al turno de Patricia Fita Ríos, abogada de la Fundación Fernando Pombo. Esta entidad se creó en el año 2010 con el propósito de crear una abogacía “ética, responsable y sostenible para proteger los derechos humanos”. Entre sus líneas de actuación, Fita Ríos destaca que se centran en investigar y concienciar cómo desde su posición pueden mejorar la sociedad; así como el acceso a los derechos de algunos colectivos vulnerables a partir de los trabajos que llevan a cabo.

Envejecer con derecho: que la edad no sea un límite es uno de los proyectos en los que se centraron en promover las garantías de las personas mayores e identificar y atajar situaciones de discriminación: “Empezamos en 2019 junto a la Fundación Grandes Amigos y la Universidad de Alcalá de Henares. Nos pusimos en contacto con la fundación por si necesitaban ayuda con el tema de las residencias. Nos contaron varios casos de abandono por parte de familiares y la prohibición de que fueran sus voluntarios a verlos porque podía poner en riesgo la salud de los demás residentes. Y lo que hicimos fue empezar a analizar la legislación vigente y les explicamos a las residencias el derecho de estas personas. Tras ello empezaron a permitir esas visitas”.

Asimismo, destaca que querían seguir luchando para que las personas mayores tuvieran la capacidad de reclamar. Para ello, crearon una “serie de píldoras informativas” en las que se ponía de manifiesto de qué forma los derechos fundamentales que se representaban en el día a día podían verse afectados: “Como nuestro público objetivo estaba muy acostumbrado a la radio, a parte de hacerlo en folletos impresos, también creamos audiolibros”.

“Nos dimos cuenta de que también era importante crear un espacio de debate y reflexión para contarnos sus experiencias. Y decidimos impulsar talleres jurídicos junto a las organizaciones sociales. Empezamos con la Fundación Grandes Amigos e íbamos a las meriendas de barrio. Solían venir 20 o 30 personas a las charlas y nos llevábamos también al estudiantado de derecho para favorecer esa intergeneracionalidad”, resalta la abogada.

“¿Si no conocemos los derechos, cómo vamos a pedir que se satisfagan nuestras necesidades?”, manifestaba una testimonio en un vídeo proyectado durante la sesión. En esta línea, Fita Ríos inicide en que los talleres han sido esenciales para que las personas de edad avanzada sientan que están acompañadas y puedan compartir varios problemas estructurales como el acceso a la salud, las negligencias médicas o los fraudes digitales. El material se puede encontrar en la página web de Envejecerconderechos.org, impulsada por los tres colaboradores citados.

“Yo quería explicar el derecho sin ser el típico abogado encorbatado”, introducía en su intervención el abogado CEO en Nosoloderecho.com, Jorge Mora García, para destacar que su blog nace con el propósito de trasladar ese conocimiento jurídico en un vocabulario más sencillo para la sociedad: “Creo que hay que huir del esnobismo, que muchas veces se asocia a nuestra profesión, de una manera un tanto injusta, y otra un poco alentada por algunos compañeros que les gusta esa pose”.

Por su parte, Mora García ha incidido en la importancia del consumo de este grupo social y cómo las marcas están “cada vez más pendientes de ello”. En España según datos del INE, hay aproximadamente diez millones de personas de más de 65 años, lo que representa cerca del 21,6% de la población total. En el caso de los mayores de 55, se estima que hay 15,2 millones de habitantes en este rango de edad, lo que se traduce en el 32% del total. Los sénior ya suponen el 60% del gasto español, según la tercera edición del informe “Monitor de Empresas de la Economía Sénior” del Centro Ageingnomics de la Fundación Mapfre.

“Hay que desmitificar a las personas mayores como consumidores”, destaca el creador del blog y cita el barómetro del consumidor sénior, de la Fundación Mapfre, para “desterrar tópicos” sobre este grupo y hacia dónde destinan sus ingresos. Concretamente, el 77% de ellos cuidan su alimentación, buscando recetas online; el 66% dispone de vivienda; los tutoriales son uno de los vídeos a los que más recurren; y el 48% logra ahorrar para destinarlo a actividades turísticas: “Las marcas lo están observando, y aunque algunas tienen buenas intenciones para no olvidarse de este público, son lentas”.

“El marco legal todavía es escaso”

Los ponentes han destacado que una de las principales novedades lesgislativas es la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. En la norma se introduce un “componente transversal de género”. A esta circunstancia, Mora García manifiesta la necesidad de centrarse en esta cuestión porque “las mujeres entre 65 y 99 años representan casi el 60% del colectivo de edad avanzada”: “El Instituto de las Mujeres nos muestra que las mujeres que comprenden este rango suelen vivir con más frecuencia a solas que los hombres, tienen ingresos más bajos, padecen más enfermedades crónicas y tienen peor percepción subjetiva de su salud y de la calidad de vida”. Sin embargo, el CEO considera que el marco legal todavía es escaso y se puede reforzar“.

En declaraciones de la abogada de la Fundación Pombo, agradece que con la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, las entidades sociales tengan más poder legal y puedan colaborar con expertos jurídicos para solucionar el problema de la posible víctima, sin involucrarla directamente en el proceso.