El Sindicat del Barri del Cabanyal ha arrancado una campaña para denunciar los desalojos por parte del Pla Cabanyal-Canyamelar S.A, gestora que controla y gestiona el Ayuntamiento de València.
El más reciente sucedió el pasado 4 de marzo: una mujer con tres menores tuvo que dejar el domicilio ocupado a pesar de la imposibilidad a la hora de costearse una vivienda de renta libre y la negativa de los integrantes del sindicato frente al dispositivo policial.
Inicio del estudio de personas afectadas
Tal y como manifiesta Julia Garrido, miembro del sindicato, el proyecto está en fase de ejecución, por lo que aún necesitan recopilar datos concretos de personas afectadas y amenazadas por la empresa municipal.
“En las próximas semanas dispondremos de un censo y unas demandas más precisas diseñadas en común por los propios afectados”, explica Garrido.
Siguiendo en esta línea, la integrante del sindicato subraya que el propósito de la campaña es “tratar de llegar a a la mayor cantidad posible de personas que se encuentran en esta situación”.
“Desde la asociación sabemos que existen centenares de viviendas en este barrio y que muchas familias están siendo denunciadas”, manifiesta, y añade que se hablará con más exactitud del tema cuando tengan la muestra de estudio de personas en riesgo de desahucio.
Con ello, informa que los cuerpos policiales suelen acosar a las personas independientemente de si existe “una sentencia por desalojo”, un proceso judicial abierto o en qué situación laboral o social se encuentran.
Medidas del gobierno estatal para frenar las desigualdades
El pasado mes de diciembre, el Consejo de Ministros extendió la paralización de los desahucios y lanzamientos de viviendas para miembros o familias vulnerables hasta finales del 2024.
Esta medida, que se instaura dentro del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre y que se incluyó en la Ley de Vivienda, se aplica en los supuestos en los que existe impago de alquiler para hogares vulnerables que no tengan alternativa habitacional ligados a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994; para aquellas personas que habiten sin contrato y sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad en el caso de que la vivienda corresponda a personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas.