El socio del cuñado de Rita Barberá destruyó 475 kilos de documentación durante la investigación del 'caso Azud'

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de las pesquisas del 'caso Azud' registraron el despacho del abogado Diego Elum durante más de cinco horas. El socio de José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, guardaba en una caja fuerte de su bufete 17.680 euros en metálico, ocho relojes de lujo (de las marcas Patek Philippe, Omega Sea Masters, Piguet, Rodity Swiss, Frank Muller o Rolex) así como “monedas doradas”, según indica el acta de entrada y registro.

Elum y Corbín, que se repartieron 2,2 millones de euros de una mordida de Acciona por la adjudicación municipal del saneamiento, son dos de los principales imputados del 'caso Azud', además de viejos amigos que se conocen desde sus tiempos de militancia en la extrema derecha durante el tardofranquismo y la Transición.

El registro del despacho del abogado, en un dúplex situado en el Paseo de la Alameda de Valencia, también reveló que Diego Elum había contratado meses antes los servicios de destrucción de documentación de una firma especializada. Así, la empresa Destrucción Confidencial de Documentación SA envió el 20 de septiembre de 2018 al bufete a un operario que durante una hora y media recogió 12 cajas con 475 kilos de papeles, según la orden de trabajo sellada por Delum Abogados SLU a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Casi media tonelada de papeles que fueron a parar a los contenedores de la empresa especializada cuando ya era público y notorio que Hacienda investigaba las cuentas de José María Corbín quien, según revela el sumario del 'caso Azud', también recurrió a la misma firma especializada en destrucción de documentación el 21 de diciembre del 2018. Tres meses y una semana después ambos letrados fueran detenidos por la Guardia Civil.

La vivienda de Diego Elum en la urbanización de Campo Olivar de Godella también fue registrada. La UCO intervino “efectos informáticos” del abogado en su domicilio y sus correos electrónicos, especialmente referidos a Acciona, en el ordenador del despacho. Además también se quedaron con ocho tarjetas de visita de directivos de la empresa, entre ellas la de Luis Castilla, investigado en la causa.

Diego Elum cobró 2,5 millones de euros de la firma Infilco Española SA, adjudicataria en una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona Infraestructura SA, del servicio de saneamiento de Valencia. El 66,67% de los fondos (1,7 millones) fueron transferidos a la sociedad Corbín Abogados SL.

El contrato firmado por el letrado carece de contenido y se confecciona “para dar cobertura” al pago millonario, según la Fiscalía Anticorrupción. La facturación entre Elum y Corbín “no obedecía a ningún trabajo real y, por consiguiente, encubría el importe de la comisión requerida” para conseguir que la UTE de Acciona Infraestructura SA e Infilco Española SA consiguiera la contrata de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia.

Hacienda, por su parte, sostiene que “ninguna empresa pagaría a un abogado externo no especializado nada menos que 2.210.000 euros más IVA simplemente por realizar unos trabajos que bien podían confeccionar sus propios empleados dentro del horario laboral y sin devengar retribuciones extraordinarias”. Todas las facturas de Diego Elum a la UTE son “falsas”, según un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario del 'caso Azud'.

A pesar de que el letrado conservaba documentación de 1982, Elum destruyó el contrato con la UTE en 2009. La Inspección de Hacienda recuerda que el documento se debería haber destruido en 2021.