Cuenta atrás para lo que puede suponer la caída definitiva de Rita Barberá, una de las figuras más relevantes e influyentes de la política valenciana y del PP en los últimos años.
Y es que, ni el aforamiento del que goza gracias a su nombramiento como senadora por parte del PP de Mariano Rajoy le salvaría de una eventual investigación por el caso del blanqueo de capitales del grupo municipal del PP de Valencia, derivado del caso Imelsa.
Así lo han advertido fuentes del Tribunal Supremo a eldiario.es, las cuales han explicado que “la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 118) establece un mecanismo para que esos aforados presten declaración, en calidad de investigados, ante el magistrado instructor, sin que se pida el suplicatorio (al Senado), es decir, antes de decidir si procede reclamar la inculpación formal” que establece la Constitución.
Sin embargo, antes de llegar a este punto el Supremo debe decidir si, como todo apunta y como le solicitó a finales de julio la Fiscalía, nombra a un magistrado de la propia Sala (que no haya participado en el debate sobre la apertura de la investigación) para realizar la instrucción.
Al respecto, fuentes de la Fiscalía del Supremo han informado a este diario que “el nombramiento de magistrado instructor en el Tribunal Supremo se realizará en este mes de septiembre”, dando por hecho que el órgano judicial accederá a designarlo, y por tanto, a investigar a Barberá.
De esta forma, una vez nombrado el magistrado, podría citar a declarar a la exalcaldesa en calidad de investigada sin necesitad de quitarle el aforamiento. De hallar indicios de delito, se elevaría el suplicatorio al Senado para solicitar su investigación formal. De lo contrario, volvería a quedar desimputada.
Desde el Supremo han recordado que a través de este mecanismo han declarado como investigados en el Supremo personalidades como José Blanco, los aforados del caso de los ERE, y lo hará el próximo día 19 de septiembre, Francesc Homs. En el caso de Blanco, tras su declaración y la investigación del instructor, la Sala acordó finalmente no plantear el suplicatorio para su inculpación formal, al no apreciar indicios para hacerlo.
El cerco se estrecha
El cerco judicial cada vez se está estrechando más hacia la exalcaldesa de Valencia y de España, como el propio Mariano Rajoy la definió en su día.
Hasta ahora, y pese a estar investigados (término que sustituye a imputados tras una reforma legal) prácticamente todo su equipo de concejales y asesores, incluido nueve de los 10 ediles que tiene actualmente el PP en el Consistorio, el aforamiento del que goza le ha otorgado inmunidad ante la investigación del Juzgado de Instrucción número 18.
Por este motivo, el magistado solicitó al Tribunal Supremo, organismo judicial competente para investigar a los aforados, que se encargara de la causa al hallar indicios de presuntas responsabilidades penales.
Precisamente, este órgano hizo pública este martes la imputación del exvicealcalde y mano derecha de Barberá, Alfonso Grau, en esta misma causa, con lo que toda la cúpula del grupo municipal del PP del Ayuntamiento de Valencia durante la pasada legislatura, salvo la exalcaldesa, está investigada.
De hecho, fuentes cercanas al propio Grau se preguntaban por qué Rita Barberá es la única que no ha sido imputada y consideraban que no existe igualdad de los españoles ante la justicia debido al aforamiento.