La petición de baja en el PPCV solicitada por Miquel Domínguez tras su imputación por el presunto blanqueo de 1.000 euros en el marco de la operación Taula y su consiguiente conversión en diputado no adscrito dentro de Les Corts, ha puesto de manifiesto una vez más el diferente rasero con el que el PP mide a los implicados en casos de corrupción en función de sus intereses.
Domínguez ha seguido así los mismos pasos que la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien también abandonó el partido y pasó al grupo mixto del Senado cuando el Supremo anunció su imputación por el mismo caso de blanqueo.
Al igual que Barberá, Domínguez se ha aferrado a su acta de diputado valenciano, puesto que es personal y el partido no tiene potestad para quitársela, y ha comentado que si finalmente se archiva la causa, como espera que suceda, volverá a darse de alta en el PPCV.
Sin embargo, la forma de proceder del partido con Barberá y Domínguez contrasta con la adoptada en su momento con los nueve ediles del PP investigados por la misma causa.
Desde Génova y dada la negativa de los ediles a abandonar su acta de concejales se adoptó la decisión de suspenderlos cautelarmente de militancia para que pudieran seguir adscritos al grupo municipal popular del Ayuntamiento.
De haberles obligado a abandonar el partido, como se ha hecho con Barberá y Domínguez, el PP hubiera pasado de ser el partido mayoritario del Ayuntamiento de Valencia con 10 concejales, a quedarse con 1, ya que los otros nueve hubieran pasado a ser no adscritos.