La querella de la Fiscalía anticorrupción por el caso de los contratos informáticos en la Conselleria de Sanidad durante la época de Rafael Blasco señala que el empresario Augusto César Tauroni conocía antes que nadie los detalles de la licitación mediante procedimiento negociado y sin publicidad (a dedo) del plan de choque para el sistema Abucasis de gestión de los historiales médicos.
El plan costó 3,5 millones de euros y “antes incluso del anuncio del mismo”, Tauroni, condenado en el caso Cooperación, “tenía conocimiento directo y detallado” de su contenido. “Con estos datos”, relata la Fiscalía en la querella que presentó en 2014, el empresario se dirigió a la mercantil Dimensión Informática, que obtendría finalmente el contrato a dedo de 3,5 millones, “ofreciéndole sus servicios 'comerciales' [las comillas son de Anticorrupción], dándole toda la información al respecto a cambio de subcontratar con la mercantil Dinamiz-e SL”.
Rafael Blasco y Augusto César Tauroni —y también, entre otros, los investigados Tina Sanjuan y Marc Llinares, dos habituales de las causas judiciales del exconseller— se han salvado gracias a un informe de la Intervención, el organismo que audita las cuentas de la Generalitat y que prestaba auxilio judicial a la causa que instruía el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia. La Fiscalía Anticorrupción, tras cuatro años de investigación (que han incluido informes de la Udef y numerosas declaraciones de ex altos cargos de la Conselleria) pidió el archivo de la causa “a la vista de las conclusiones del informe definitivo del Interventor”, según el auto del juez al que ha tenido acceso este diario.
El relato de los hechos, contenido en la querella inicial de Anticorrupción, muestra cómo algo que a todas luces desprende cierto mal hedor no siempre es lo que parece para los responsables de auditar las cuentas de la Generalitat, que aportan al juez “explicaciones alternativas a la actuación presuntamente fraudulenta”, según la expresión de Anticorrupción.
La empresa Dinamiz-e, que se embolsó los 1,2 millones, estaba administrada por Adolfo Soler Sempere, el acusado clave huido a Bolivia que no se personó en el juicio por el saqueo de la cooperación, pero quien tenía la capacidad decisoria, según Anticorrupción, era Tauroni, pese a no tener “cargo aparente” en la mercantil y estar vinculado al exconseller Blasco tanto antes como después de su paso por el departamento de Sanidad. Dinamiz-e SL, en un notable ejercicio de emprendimiento empresarial, igual obtenía subcontrataciones de un plan de Sanidad que ingresaba fondos de la cooperación valenciana destinados a fortalecer la soberanía alimentaria de las mujeres en la República Dominicana.
La UTE formada por las mercantiles Capgemini SL y Dimensión Informática SL obtenía los contratos millonarios de Sanidad y firmaba un acuerdo marco de colaboración con Dinamiz-e que incluía una adenda por la que se subcontrataba a la empresa de Tauroni ciertas cantidades. En total, según la querella inicial de la Fiscalía Anticorrupción, el supuesto testaferro del exconseller Blasco obtuvo 1,2 millones de euros.
El jefe de informática de la Conselleria de Sanitat, uno de los principales acusados del caso del saqueo de la cooperación, firmaba los informes que justificaban estos contratos referidos a, entre otros asuntos, el desarrollo de un sistema faramacoepidemiológico, el sistema informático de gestión del banco de pruebas biológico o el desarrollo de un portal de información en nutrición. La subcontratación de estas adjudicaciones que permitió a Tauroni embolsarse los 1,2 millones, dice Anticorrupción en su querella, se hizo “sin conocimiento de la administración autonómica”, uno de los requisitos que marcaba la normativa.
Los llamativos contratos privados entre la mercantil de Tauroni y las empresas adjudicatarias —las que aparecían negro sobre blanco en el Diario Oficial— se hacían antes de que se reuniera la mesa de contratación de la Conselleria. Uno de estos singulares contratos, publicado por eldiario.es, especificaba la jugada: si Dimensión Informática SL obtenía la adjudicación, subcontrataría a Dinamiz-e SL. Algún que otro contrato entre ambas empresas “no ha sido aportado ni localizado”, apunta el auto del juez, quien destaca “la dificultad añadida de la fecha en la que supuestamente se habrían cometido los delitos, hace ahora más de diez años”.
La Intervención de la Generalitat, que prestaba auxilio judicial en este procedimiento, detectó que varios de los contratos no determinaban el precio, “cuestión que se hizo saber en su momento por la Abogacía de la Generalitat pero que no se subsanó”. Tampoco “se cumplen los requisitos de motivación para justificar la urgencia”, apunta la Intervención. Un requisito para la subcontratación, “que no se cumplió”, era que se pusiese en conocimiento de la administración. Así, la administración autonómica nunca tuvo conocimiento de que 1,2 millones de los fondos públicos que adjudicaba el conseller Blasco se desviaron, mediante un contrato privado, al bolsillo del empresario Augusto César Tauroni.
A pesar de todo, la Intervención considera que no hay elementos de prueba “para poder concluir que tales pactos pudieran encubrir un negocio fraudulento”, señala el auto de sobreseimiento provisional de la causa. El auditor público, quizá con cierta ingenuidad, apunta que existe una “facturación real” entre Dinamiz-e y las empresas que obtenían las adjudicaciones que “acreditaría la veracidad de la corriente monetaria liquidando la prestación de tales servicios”. Además, añade la Fiscalía Anticorrupción, “la ausencia de mecanismos de control mediante los que se pudiera probar o de los que se pudiera desprender que los trabajos supuestamente subcontratados no hubieran sido reales, obstaculizan la posibilidad de una acusación con la que sustentar un posible tráfico de influencias, ni ningún otro ilícito”.
El fiscal, “a la vista de las conclusiones del informe definitivo del Interventor”, pide el archivo de la causa tras cuatro años de instrucción. “Nuestra jurisprudencia reconoce una cualificada presunción de legalidad y acierto a las actuaciones administrativas de los órganos de contratación, sobre todo, cuando aparecen arropadas con informes jurídicos de los órganos de control de su legalidad”, añade.
“Los delitos investigados no han quedado suficientemente acreditados”, concluye el juez. Ahora, a la espera de la sentencia por las piezas dos y tres del caso Cooperación, tras el controvertido pacto del exconseller con Anticorrupción del que se desmarcó la Abogacía de la Generalitat, a Rafael Blasco sólo le queda la causa del caso Osvaldos en el que Anticorrupción se querelló contra el incombustible expolítico del PP.