“Si salieran adelante todas estas licencias VTC que están solicitadas en la Comunitat Valenciana supondría la ruina para el sector del taxi”.
Así se de rotundo se ha pronunciado Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del Taxi de Valencia y de la Confederación de Autónomos del Taxi de la Comunitat Valenciana, a cerca de la situación de psicosis que vive el sector ante la avalancha de las licencias VTC (vehículos de transporte con conductor) que diferentes empresas están tratando de adquirir y que gestionan plataformas digitales como Uber y Cabify.
Actualmente, existe un ratio legal según el cual, tan solo se puede autorizar un permiso de VTC por cada 30 taxis. En la Comunitat Valenciana, este límite se cumple, incluso se sobrepasa ya con creces, puesto que hay un total de 4.700 taxis y 232 autorizaciones de VTC.
Sin embargo, según datos de la Conselleria de Vertebración, actualmente tienen 2.182 solicitudes de licencia denegadas, de las que 1.006 están judicializadas y a la espera de sentencia.
La firma que más solicitudes ha hecho, con un total de 300, es Ares Capital, compañía que según diferentes fuentes tiene también miles de licencias pedidas en Madrid y Barcelona (unas 3.000 en total aproximadamente)
Así, de ser favorables los recursos judiciales a los solicitantes de los permisos, el sector se rompería en pedazos. Un hecho que no es descartable, puesto que ya ha habido sentencias en ese sentido, recurridas por parte del sector en toda España y que están a la espera de una sentencia del Supremo que podría llegar a final de año.
Según ha explicado Del Molino, el conflicto legal viene del año 2009, cuando el Ministerio de Fomento, competente en la materia, modificó la normativa y dejó un vacío que aprovecharon diversas empresas para solicitar cientos de licencias a cambio de una tasa de entre 35 y los 40 euros.
Una vez obtenida, se pueden revender a plataformas como Cabify por unos 30.000 euros, mucho menos de lo que cuesta hacerse con una licencia de taxi, lo que también supone una competencia y una merma para los taxistas, que pueden ver reducido sensiblemente el valor de sus permisos.
El representante de los taxistas ha comentado que todas las liciencias VTC que están judicializadas entre 2009 y 2013 tienen posibilidades de salir y que entre los años 2013 y 2015, hay más dudas por las modificaciones jurídicas que se han ido haciendo: “Las que se hayan solicitado a partir de 2015 sí que estamos seguros de que no se otorgarán porque ahora la ley está clara e impide que haya más de una licencia de VTC por cada 30 taxis”.
Por este motivo, Del Molino ha recordado que se han movilizado en toda España para pedir a Fomento que busque una fórmula para que se aplique la ley de forma retroactiva, puesto que de salir adelante todos los permisos VTC, “el ratio quedará destrozado y eso perjudicará tanto a los taxis como a los VTC legales y vigentes actualmente”.
Al respecto, desde la Conselleria que dirige María José Salvador han asegurado que la Generalitat aplica estrictamente la normativa estatal para que no se supere la ratio máximo establecido, sin embargo, han criticado que “la confusa regulación legal en este sentido ha generado una avalancha de recursos judiciales en toda España” por lo que han pedido al Ministerio una regulación clara.
Tensión en las calles entre taxistas y chóferes
Pero el conflicto no solo está en los tribunales y en los despachos de la administración. También se ve cada día en la calle. Los vehículos VTC no tienen consideración de servicio público como los taxis y, por tanto, solo pueden hacer un servicio de recogida del cliente en un punto concreto, previa contratación, y traslado a otro con chófer.
Sin embargo, no pueden ser parados por el cliente en la calle y mucho menos ponerse en las paradas de los taxis, algo que muchos incumplen haciendo competencia desleal a los taxistas: “Ellos hacen lo que sea para captar y rentabilizar su actividad y los taxistas muchas veces llamamos a la policía, aunque normalmente cuando llega ya han cargado y se han ido; algún día habrá una desgracia porque la tensión que hay es enorme”, advirte del Molino.
Actualmente, Fomento tramita un nuevo decreto para regular el sector, pero según el portavoz, “aunque algo puede ayudar, sigue siendo insuficiente”. Entre otras novedades, el documento establece un registro eléctronico para evitar que los VTC operen fuera de sus autonomías y una limitación de dos años para revender las licencias.