Un “teatro”. Así definió Ricardo Manuel Faura, administrador de una empresa audiovisual, la licitación del Ayuntamiento de Gandia, durante el mandato del 'popular' Arturo Torró, de los contratos para cubrir la programación del canal de TDT que ocupaba una televisión pública, cerrada al acceder el PP al consistorio en 2011. El “teatro”, con un perjuicio para la arcas municipales de casi medio millón de euros, ha llevado a Arturo Torró al banquillo, acusado de los presuntos delitos de malversación y fraude. La Fiscalía pide para el exprimer edil una pena de ocho años de prisión, además de una inhabilitación absoluta durante dos décadas.
Apenas dos meses después de hacerse con la vara de mando del consistorio, Torró cerró la televisión municipal y la empresa pública de la que dependía encomendó a Iniciatives Públiques de Gandia SL un procedimiento negociado —de contratación por invitación— para adjudicar dos contratos audiovisuales para el canal de TDT. Un informe del secretario municipal del ayuntamiento detectó presuntas irregularidades en el procedimiento de contratación, cuyos pliegos elaboró un concejal del PP.
La adjudicación de los dos contratos fue a parar a las empresas Iniciativas Empresariales del Mediterráneo SL y Comarques Centrals Televisió SL. Cada contrato, por un periodo de tres años, tenía un precio de medio millón de euros cada ejercicio.
Si bien las adjudicaciones se firmaron el 6 de febrero del 2012, un mes antes Comarques Centrals de Televisió SL había acordado una cesión de las obligaciones del contrato en favor de Inversiones Especiales del Mediterráneo SL, la empresa que ejecutó los trabajos. Un año después, el 6 de febrero del 2013, la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia SL y la adjudicataria Comarques Centrals Televisió SL acordaron la resolución del contrato inicial por unas “supuestas dificultades no concretadas”, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.
Así, la sociedad pública abonó 480.000 euros a la firma audiovisual, “a sabiendas de que no había causa que lo justificase”, agrega la Fiscalía. El Ministerio Público sostiene que Torró “concibió, promovió y asumió” la obligación del pago con dinero público con un “claro perjuicio para las arcas”. Ricardo Manuel Faura, administrador de Comarques Centrals Televisió SL, recibió la primera transferencia del pago (por 100.000 euros mediante pagarés) antes incluso de que se acordara la indemnización a su empresa.
La acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Gandia (en manos desde 2015 del PSPV-PSOE, la formación que presentó la querella inicial), considera que la jugada consistió en “subvencionar” a las dos empresas privadas titulares de las licencias, en dos lotes muy similares y sin ningún criterio para determinar el precio del contrato. Todo ello con “fines meramente políticos” de Arturo Torró como alcalde de Gandia entre 2011 y 2015.
La representación jurídica del consistorio asegura que hubo una “concertación de voluntades totalmente ajenas al interés público”, al haber cedido una empresa a la otra el contrato un mes antes de su adjudicación. El secretario general del Ayuntamiento de Gandía declaró como testigo que jamás hubiera permitido llevar a cabo la contratación al no cumplir con los requisitos legales mínimos.
La acusación particular también destaca la declaración como investigado, en la fase de instrucción, de Ricardo Manuel Faura en la que reconoció que toda la licitación fue un “teatro”. El letrado del empresario, durante la primera sesión del juicio, ha pedido la nulidad y la separación de la causa de la declaración de su cliente.
En el banquillo de los acusados, además de Arturo Torró, se sientan los exconcejales del PP Francisco Javier Reig y Antonio Abad, y la exjefa de servicio Cristina Serrano Mateo (antigua mano derecha de los consellers del PP Rafael Blasco y Juan Cotino). También los responsables de Inversiones Especiales del Mediterráneo SL José Vicente Codina y Josep Lluís Giménez, y Ricardo Manuel Maura, administrador de Comarques Centrals de Televisió SL. El auto de apertura del juicio oral, dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia, solicitaba una responsabilidad civil, a abonar conjunta y solidariamente por los acusados, de cuatro millones de euros.
Petición “insólita” en la primera sesión del juicio
La primera sesión del juicio, celebrada este lunes ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, ha arrancado con una petición de suspensión de la vista “insólita”, tal como ha reconocido el letrado de Arturto Torró. El abogado de la defensa ha pedido que se pospusiera la celebración del juicio hasta que se apruebe la reforma del delito de malversación del Código Penal, que impulsa el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados. Se trata de uno de los delitos por los que se acusa a Torró en esta causa, aunque el presidente del tribunal ha denegado la petición al no ver una “expectativa razonable de afectación al derecho de defensa”.
El tribunal, eso sí, ha permitido que las declaraciones de los acusados se retrasen hasta la semana que viene, un cambio que no perturba el calendario fijado para el juicio. La mayoría de los acusados tienen la intención de contestar exclusivamente a las preguntas de sus defensas, según han anunciado los letrados.