La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) “se dirigirá al fiscal anticorrupción” para que se investigue el supuesto trato de favor por parte de la Generalitat al grupo Savia, la empresa de residencias de ancianos participada por la familia de Juan Cotino y el constructor Enrique Ortiz.
La patronal del ramo cree que la administración autonómica pudo favorecer a esta empresa privada, especialmente cuando Cotino dirigía la conselleria de Bienestar Social. Las conversaciones telefónicas grabadas por la policía entre Enrique Ortiz y el responsable de Savia, desveladas por El Mundo, así lo indicarían.
“Yo al conseller le tengo que decir que no están cumpliendo porque a la fecha que estamos tendrían que estar llenas (las residencias)”, dijo Ortiz en marzo de 2009, cuando Cotino aún era el conseller encargado de regular el sector. AERTE, a la vista de estas conversaciones, también “solicita a la Administración valenciana a no resolver ninguna plaza a la empresa supuestamente beneficiada por este escándalo hasta que se aclare la situación.
Gran parte de las residencias, muy perjudicadas por los impagos, está en armas contra el gobierno valenciano desde hace tiempo por este asunto. En enero de 2014, la Generalitat ya soliviantó al sector al comunicar que financiaría 4.000 plazas en residencias de ancianos en centros que pertenecían a la familia de Juan Cotino y otras empresas privadas con centros públicos sin ocupar e, incluso, residencias públicas cerradas.
Cotino, discutido en su partido por su supuesta implicación en varios casos de corrupción, está aguantando los envites de Alberto Fabra y, de momento, asegura que no dimitirá.