Eduardo Zaplana, 1997. El entonces presidente de la Generalitat Valenciana tiene un sueño: un parque temático que pueda competir con Port Aventura. Son los momentos de gestación de un dominio popular que dura 20 años. Y se necesitan grandes iconos. La construcción, tras un cambio de opinión bipolar, del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias no basta. Como todo régimen, precisa de varios colosos megalómanos de hormigón.
El president proyecta el parque en su ciudad adoptiva: Benidorm. Para ello, encarga varios informes. Ninguno cumple con sus expectativas. Pero, él no se rinde. Consigue un estudio de la consultora Price Waterhouse que bendice sus cifras: 3 millones de turistas y una inversión de 270 millones. Se vislumbran las montañas rusas, las atracciones y los espectáculos. Sí, pero de –supuesta- corrupción.
Terra Mítica se convertirá en el gran exponente de la ruina y del presunto saqueo que poblaran los grandes proyectos impulsados por la Generalitat Valenciana. Los sobreprecios, la facturación fantasma, las grabaciones que salpicaran a Zaplana, la colocación de personal afín y la especulación con el suelo del parque y aledaños serán las verdaderas atracciones del parque.
Trama de facturas falsas
La primera gran atracción del recinto de ocio será una obra de teatro. Estará dirigida presuntamente por Vicente Conesa, empresario afín a Zaplana. José Camarasa –ex diputado socialista que denunció el caso- explica la trama: “En el plazo de dos o tres años, se habría producido, según me contaron varios de los implicados, un sobreprecio en los pagos. Es decir, se facturaba una cantidad irreal, y la diferencia se la quedaba Conesa”.
Precisamente, una parte de esta presunta red corrupta es lo que se empezará a juzgar próximamente. En concreto, un supuesto fraude fiscal de 4,4 millones de euros durante la construcción del parque temático. De entre los acusados por la fiscalía, destacan los exdirectores del recinto Luis Esteban y Julio Valverde –ex cuñado de Zaplana- o el propio Conesa. La presencia de personal afín -ya sea por amistad o por parentesco familiar-, provocó acusaciones de la oposición al Consell de que el complejo era una agencia de colocación de afines.
Sin embargo, lo juzgado es una versión reducida de un escándalo mayúsculo. Se cifran los sobrecostes en 150 millones de euros. La trama facturaba supuestamente con empresas fantasma, es decir, con mercantiles que no tenían la capacidad suficiente para ejecutar los servicios. Incluso, algunas emiten sus recibos antes de que se aprueben las obras. El extremo es tal, que cuando estalla el caso tres de los contratistas devuelven a Terra Mítica más de 4,5 millones de euros por conceptos como “error de mediciones y falta de calidad en las obras”. Delirante.
Tres, también, son las principales empresas puestas bajo sospecha: Hormigones Martínez, Lubasa y C3 Ingeniería de la Construcción y el Medio Ambiente. Forman, entre otras, la Unión Temporal de Empresas Terra Verd, concesionaria de las obras de jardinería en el recinto. Y las tres cuentan –ahora- con un historial polémico.
Hormigones Martínez está salpicada en la supuesta financiación ilegal del PPCV y fue sancionada por la CNMC por pactar precios y repartirse licitaciones de obra. Lubasa fue otra de las empresas que supuestamente financiaron de forma ilegal al PP valenciano. Además, es una asidua en embarcarse en los grandes proyectos de los populares: participó en la aventura privatizadora del Hospital de Alzira y en el fiasco de Mundo Ilusión. La tercera, es propiedad de Conesa, a quién le persigue la polémica después de llevarse con controversia la adjudicación del mapa sonoro de Benidorm en la época en que presidía el consistorio Zaplana.
Casualmente, en las manos de Conesa era donde acababa el dinero pagado de más. Todo, según se desprende de las conversaciones mantenidas entre los diputados del PSPV José Camarasa y Antoni Such, y los empresarios implicados José Herrero y Antonio Moreno. El dinero recolectado por “el director facultativo del parque” –a juicio de un informe de Hacienda-, tendría un presunto destino: Suiza y Andorra. Se transportaba supuestamente en bolsas.
De las comisiones rogatorias hechas por la justicia para dirimir las presuntas cuentas helvéticas de Conesa y Antonio Moreno, nadie sabe. Tampoco de sus supuestos dineros en la Banca Privada de Andorra (BPA), puesta en tela de juicio en estas últimas semanas por lavar -al parecer- dinero procedente de organizaciones criminales. Y por albergar una cuenta relacionada con la familia Cotino.
Zaplana, salpicado
“La vez que más dinero he visto en efectivo, ciento veinte [millones de pesetas] y, otra, noventa. Se lo entregaban al señor Conesa y se lo metió, yo lo he visto con mis propios ojos, en la bolsa […] El señor Conesa guardaba la bolsa en el coche y dijo delante de mí que los dineros se los repartía con Zaplana”.
Las palabras pronunciadas por los dos empresarios en la conversación mantenida con los dos ex diputados socialistas son la prueba más impactante del caso. Y lo narraron “en representación de 15 empresarios más, que se ponen en contacto conmigo”, afirma Camarasa. Constituyen la parte más importante de todas las grabaciones al implicar como presunto comisionista al ex president de la Generalitat Valenciana.
“A mí y a Toni –en referencia a Antoni Such- nos parecieron creíbles las declaraciones, sobre todo por la rigurosidad de cómo se contaba y por las pruebas documentales de las que gozábamos”, defiende el exdiputado del PSPV. Contra los cuatro participantes de las conversaciones se querelló Zaplana. Sin embargo, la justicia dio la razón a los dos representantes socialistas.
Los empresarios, tras la denuncia del ex ministro de trabajo con Aznar, se retractaron de sus palabras. Zaplana les quitó la querella. Las grabaciones son la prueba de un caso mayor al que se va a juzgar. La investigación de la parte gruesa sigue durmiendo el sueño de los justos tras su reapertura en 2011 por la Audiencia de Valencia. Pero, los aspectos sombríos y la polémica no terminan en lo analizado por los tribunales.
Especulación urbanística, empresarios amigos y ‘enchufados’
En Terra Mítica la sospecha es permanente. Tanto, que la controversia llega hasta al suelo en donde se ubica el recinto de ocio. Para su construcción, se expropiaron diez millones de metros cuadrados de terreno no urbanizable de especial protección forestal. Se encontraban entre las poblaciones de Benidorm y Finestrat. Pero, un hecho curioso había ocurrido cuatro años atrás: un incendio había arrasado una parte de los terrenos.
El suelo en parte carbonizado fue adquirido por varios empresarios. Eliseo Quintanilla, fue uno de ellos. Dedicado al negocio farmacéutico y ex presidente de la patronal alicantina, entonces era vicepresidente en representación del sector empresarial de la sociedad creada para promover el parque. Lo compró por 8 millones de pesetas, y tras la recalificación, se embolsó 9 millones de euros por la venta.
Los otros compradores del suelo fueron la Familia Puchades de Benidorm y el empresario francés Roch Tabarot. Pero, con los suelos aledaños del parque también se hizo negocio. Y de entre quiénes lo realizaron, destacó la empresa Los Almendros, en cuyo accionariado estaban la entonces esposa de Eduardo Zaplana y la madre de esta. Su suegro, senador del PP, también era accionista, según la web Los Genoveses.
La polémica con el suelo no acaba aquí. Hay más. En 2004, Terra Mítica entraba en suspensión de pagos. El gran sueño de Zaplana se convertía en pesadilla para su sucesor –con permiso de Olivas- y posterior enemigo Francisco Camps. Para sacar al parque de su situación agónica, a la Generalitat se lo ocurrió una idea: subastar 216.000 metros cuadrados del suelo de reserva. Es decir, ganar dinero jugando a la especulación urbanística.
Pero, se toparon con un problema: Pérez Devesa (PP), alcalde de Benidorm. Enfrentado con el Consell debido a su afección al bando del ex president, promovió informes y una resolución del ayuntamiento en que se declaraban en contra de la actuación urbanística. Según cuenta el libro Tierra de Saqueo, ante tal situación tuvo que intervenir Zaplana para desatascar el embrollo. Se llegó a un pacto: los zaplanistas aceptaban la subasta de terrenos, pero el Consell cedía en que no se iban a vender varias parcelas, sino que sería un único comprador quién lo hiciera. ¿Y quién los compró? La sombra omnipresente de Alicante: Enrique Ortiz.
Casualmente, Ortiz había formado parte de la agrupación de interés económico Gestión y Financiación de Infraestructura (GFI) que tenía una porción pequeña del accionariado del recinto. En esa agrupación había otras empresas relacionadas con el PP: Sedesa, Cyes, Luis Batalla y Hormigones Martínez. Empresas implicadas, posteriormente, en la supuesta financiación ilegal del PPCV. El parque estaba controlado accionarialmente por la Generalitat y las cajas de ahorro.
Asimismo, había otros empresarios destacados que tenían participaciones: Juan y José Lladró o Andrés Ballester, estaban entre ellos. Este, gran amigo de Zaplana, asumió la dirección del complejo de julio de 2006 a 2007. Terra Mítica se vendió en 2011 por 65 millones. El pufo era total: había costado 400. “Ante los escándalos, me pareció extraño que muchos empresarios que eran accionistas no pidieran ningún tipo de responsabilidad civil o penal”, comenta Camarasa. Es el olvido de un caso con indicios de gran escándalo reducido a lo mínimo. Terra Mítica como gran montaña rusa de la sospecha.