La presunta testaferro del empresario Augusto César Tauroni en Miami, Julia Valdés, ha comparecido como testigo en el juicio por la trama del saqueo de los fondos de la cooperación. El fiscal anticorrupción no ha hecho ninguna pregunta a la testigo. Valdés gestionaba las empresas y los bienes inmobiliarios de Tauroni en Miami. Según ha explicado, está especializada en el sector inmobiliario y conoció a Tauroni porque acudió a su oficina para comprar una propiedad. El empresario adquirió dos pisos de lujo en una de las zonas más exclusivas de Miami, frente al canal sur.
La mujer, que ha intervenido por videoconferencia desde Estados Unidos, ya declaró como imputada, junto a su abogado, ante la comisión judicial española que visitó Miami el 13 de noviembre del 2012. La comisión judicial estaba formada por la magistrada instructora del caso, por el fiscal anticorrupción y por un secretario judicial pero durante la declaración de Valdés también asistieron un tal “William, delegado de los servicios secretos de los Estados Unidos” y “un señor que se llamaba Fox”, según ha recordado el letrado que ejerce la defensa del exconseller, Javier Boix, quien ha preguntado a la testigo si llegó a algún tipo de acuerdo de conformidad “con el señor Fox” (presumiblemente el representante de la Fiscalía norteamericana) y si ese supuesto acuerdo incluía algún tipo de inmunidad.
“No sé si hubo un acuerdo”, ha respondido Valdés quien ha asegurado que su abogado de entonces no le informó del supuesto acuerdo. El letrado ha insistido en la misma línea durante el interrogatorio a otros dos testigos que también han comparecido por videoconferencia desde Estados Unidos. El abogado del exconseller Blasco ha insinuado que sí hubo algún tipo de acuerdo con la justicia norteamericana y por eso ha solicitado al tribunal que se deduzca testimonio por si la testigo mentía. “Pedimos deducción de testimonio por la higiene procesal que requiere este proceso”, ha dicho Boix. Por su parte, fuentes judiciales consultadas por este diario, han negado que la Fiscalía anticorrupción llegara a ningún tipo de acuerdo de conformidad con la empresaria norteamericana.
A preguntas de la letrada de la Abogacía de la Generalitat, Valdés ha negado que el entramado de empresas que montó en Estados Unidos a petición de Tauroni recibiese dinero de subvenciones “directamente”. Según su versión, el entramado societario era para “administrar propiedades” y cuando se cerraron las empresas, “no había dinero”.
La representante de la Abogacía de la Generalitat ha recordado que en un correo electrónico del 19 de octubre del 2010 Tauroni pidió a Valdés cerrar las empresas porque aparecía su nombre y las investigaciones periodísticas de la época le seguían la pista. “Esas empresas estaban inactivas, no tenían trabajadores”, ha declarado Valdés. La testigo ha retratado a Tauroni como una “buena persona, con buenas ideas para ayudar a la gente”. “Al final no hicimos nada con las empresas”, ha añadido. También ha declarado, a preguntas del letrado de Tauroni, que era el empresario quien tomaba todas las decisiones y no la esposa de éste, Alina Indiekina.
Otra testigo, Blanca Luna, ha contado que Tauroni pretendía obtener una visa de inversionista en los Estados Unidos. La Fiscalía también ha rechazado formular preguntas a Luna, quien llevaba la contabilidad de Julia Valdés, por el “acuerdo de conformidad” con Tauroni y su esposa, según ha dicho el fiscal Jesús Carrasco. Valdés ha pedido al tribunal que impida a periodistas españoles visitar su domicilio de Miami para preguntarle sobre el caso, probablemente en referencia al documental El Clan Blasco de À Punt en el que es entrevistada brevemente. El tribunal, con cierta perplejidad, ha respondido que la petición excedía sus competencias.