Un testigo del 'caso Azud' reconoció que un cuadro del PSPV-PSOE le dio indicaciones para facturar trabajos audiovisuales de la campaña de las elecciones municipales del 2007 a una empresa constructora que hacía la función de firma pantalla. El hombre, socio y administrador en aquella época de la empresa Metrofilms, declaró ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la firma se encargó del “seguimiento audiovisual diario” de la actividad electoral de la candidata socialista Carmen Alborch, además de la realización de un video musical.
Cuando acudió a presentar la factura a la sede del PSPV, entonces situada en la calle de Blanqueries de Valencia, el gerente de la formación le dijo que debía cambiar tanto el cliente como el concepto. “Se le indicó”, según reza su declaración ante la Guardia Civil del pasado 19 de octubre, que la factura tenía que ir dirigida a la mercantil Gigante Edificaciones y Obras en vez de al PSOE“. En el concepto de la factura ”debía cambiar la alusión“ a los trabajos de la campaña electoral ”por servicios audiovisuales para la elaboración de un video industrial“, agrega.
La constructora, según sospechan los investigadores, sirvió como pantalla para enmascarar supuestos fondos del empresario Jaime Febrer. Tanto Febrer como Francisco Antonio Gigante Madrigal, el propietario de la constructora, figuran como investigados en la causa.
El empresario audiovisual matizó que “no le pareció extraño” al no conocer “la vinculación que podía existir” entre la empresa pantalla y la formación política. “Lo que quería era cobrar los trabajos para cumplir sus obligaciones económicas con sus proveedores”, explicó el testigo, que identificó al entonces gerente del PSPV, Francisco Martínez, como la persona que le dio las indicaciones sobre el cambio de la factura.
El gerente aludido, que también declaró como testigo en la causa, endosó la responsabilidad de los cambios de facturación al 'tesorero en la sombra' José María Cataluña. Si bien estaba desvinculado formalmente de los cargos orgánicos del PSPV desde 2004, cuando asume la vicepresidencia de Bancaja, Cataluña era una especie de 'tesorero B', según explicó Martínez.
Otro testigo, responsable de la empresa Cronosport, aseguró ante la jueza que “es habitual” que, una vez realizado el pedido, el cliente “solicite que se facture a diferentes empresas”. A pesar de que no recordaba si recibió indicaciones en ese sentido desde el PSPV, aseguró que José María Cataluña era la persona con la que “mantenía relación comercial con respecto al PSOE”.
El “recaudador” del PSPV
La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, sostiene que la documentación intervenida por la UCO en la vivienda de Cataluña “evidencia” que seguía “al frente de la financiación” del PSPV, incluso después de abandonar formalmente ese negociado. El cargo en Bancaja, apostilla el escrito, sería “puramente cosmético” y el papel real sería el de “financiero” o “recaudador”.
El Ministerio Público también achaca a Cataluña el “control” sobre las adjudicaciones públicas que aparecen en las anotaciones, “determinando las comisiones y porcentajes que las empresas adjudicatarias debían de satisfacer”, agrega el Ministerio Público.
La instrucción del 'caso Erial' vincula los pagos en B a las campañas socialista del 2007 y del 2008 con las obras del nuevo trazado del Júcar Vinalopó y con un proyecto urbanístico en Xixona (Alicante).