Un testigo clave fabulador, frente a las pesquisas de la UCO: las emboscadas en el 'caso Taula' para librar al PP de su caja B
En una mítica escena de El Padrino II, la inolvidable saga sobre la mafia dirigida por Francis Ford Coppola, el testigo Frank Pentangeli se retracta repentinamente de sus acusaciones contra la familia Corleone. Lejos de la ficción, en la sala de la sección segunda de la Audiencia Provincial de València en la que se juzga a la antigua mano derecha de Rita Barberá por la supuesta caja B del PP, en el marco del 'caso Taula', se vivió una escena similar esta semana.
La retractación de Jesús Gordillo Jiménez de la Plata, testigo protegido al inicio de la marcocausa, causó una indisimulada satisfacción en las defensas, especialmente en el letrado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, e indignación en las acusaciones y en el propio tribunal. La nueva versión del testigo clave fue tan burda que el presidente del tribunal le advirtió en varias ocasiones de las consecuencias del falso testimonio, con penas de seis meses a dos años de prisión.
El testigo incurrió en falsedades evidentes en relación a la entrega que hizo a un medio de comunicación de documentación clave sobre la mecánica de financiación en B de la campaña de Rita Barberá para las elecciones municipales de 2007. El propio diario digital Valencia Plaza desmintió inmediatamente la nueva versión de Gordillo.
El que fuera asesor del entonces vicealcalde de València, Alfonso Grau, sostuvo ante la incrédula mirada de las acusaciones que un misterioso hombre lo amenazó para que aportara ingente documentación comprometedora sobre el entramado empresarial de la financiación en B de la campaña de Barberá. Sólo atinó a decir que la supuesta amenaza se produjo en una calle de València.
Durante más de seis años, en los que declaró de nuevo en otra causa de corrupción y compareció en una comisión de investigación municipal, no denunció las supuestas amenazas. De hecho, ratificó ante el juez instructor sus declaraciones en sede policial a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
De paso, Gordillo acusó en la segunda sesión a la UCO de presionarlo y le echó toda la culpa a un muerto: el empresario Vicente Sáez, del que dijo que consumía supuestamente “cocaínas” y “prostitutas”. La nueva versión del testigo coincide en alguno de sus puntos con la que dio Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', cuando decidió cambiar por completo su estrategia de colaboración con la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.
La acusaciones contaban en un principio con la baza de Gordillo en una causa que afecta de lleno a las alcantarillas contables del PP de València. Por otro lado, la víspera de la declaración de Gordillo, durante la primera sesión del juicio, los agentes de la Guardia Civil encargados de las pesquisas confirmaron que el PP manejó hasta dos millones de euros en la campaña de 2007, muy por encima de los 150.000 euros que marcaba la normativa electoral como techo de gasto, y con una cuenta bancaria sin control alguno. El entramado abonó un mitin electoral de Mariano Rajoy para encumbrar a Rita Barberá, por un monto de 233.401 euros.
El relato de los uniformados de la UCO también incluyó el intento de “borrado masivo de pruebas”, que evitó un informático externo al que le pareció sospechosa la petición, así como los soplos anónimos que recibieron los investigadores.
La declaración pericial del Interventor del Estado adscrito a la Fiscalía Anticorrupción, prevista para el arranque de la segunda semana de sesiones del juicio, será otro de los momentos clave para apuntalar las tesis de las acusaciones.
Anticorrupción y la acusación popular, que ejerce Compromís, solicitan para Grau nueve años de prisión por un presunto delito de malversación y otro de cohecho; cinco años para José Salinas y Juan Eduardo Santón (exresponsables de dos fundaciones municipales) por malversación, y un año para María del Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal popular, por cohecho.
Las dos causas nacidas del 'caso Taula'
Las consecuencias del inopinado cambio de versión de Jesús Gordillo, actualmente funcionario en el servicio económico presupuestario del Ayuntamiento de València, son imprevisibles. Tanto para la sentencia de la pieza separada A del 'caso Taula' como para la secuela de esta marcocausa: el 'caso Azud'. En esta segunda instrucción, en la que figura como uno de los principales investigados el letrado José María Corbin (cuñado de Barberá que ejerce la defensa de García Fuster), Gordillo declaró ante la UCO el 20 de octubre de 2017 (cuando las pesquisas del 'caso Azud' permanecían secretas).
Las defensas en 'Azud' ya se frotan las manos ante el bandazo de Gordillo. De hecho, una de las defensas ya solicitó hace meses que declarara de nuevo en esta segunda causa, una petición rechazada por la jueza instructora.
El antecedente más inmediato en materia de retractaciones en el 'caso Taula', el del 'yonqui del dinero', no evitó que Marcos Benavent fuera condenado en dos de las piezas separadas: la J, casi ocho años de prisión y la B (cinco años).
A pesar de la retractación de Benavent, que se autoinculpó de manipular los audios que destaparon el 'caso Taula', los tribunales que dictaron severas condenas en ambas piezas soslayaron su repentino cambio de versión y apuntalaron sus respectivos fallos en las abundantes pruebas incriminatorias más allá de las grabaciones. La nueva versión del 'yonqui del dinero' es una de las bazas con la que la defensa de Eduardo Zaplana pretende debilitar la acusación contra el expresidente autonómico en el 'caso Erial', otra de las causas nacida de 'Taula'.
El 'caso Azud' es la próxima parada de la trayectoria de Jesús Gordillo como testigo estelar. Su declaración ante la UCO también la ratificó ante la jueza instructora. Está por ver si, de nuevo, aparece un misterioso hombre que lo amenazó o su versión resulta aún más original.
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