Un testigo confirma que la empresa de la caja B del PP de València recibió 600.000 euros de dinero público a cambio de nada

El entramado empresarial de Laterne, usado por el PP de Rita Barberá para hinchar la supuesta caja B con la que financió la campaña electoral de 2007, ingresó un total de 616.000 euros provenientes de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), una entidad financiada con dinero público y dirigida por José Salinas, uno de los cuatro acusados en el juicio de la pieza A del 'caso Taula'. Los fondos se facturaron por parte de la empresa del fallecido Vicente Sáez por los supuestos trabajos para la elaboración de un plan estratégico. Sin embargo, un testigo que compareció este martes en la sexta sesión del juicio de la pieza A del 'caso Taula', celebrado ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de València, confirmo que Laterne no participó en los trabajos del plan estratégico. Ni Laterne ni ninguna otra empresa externa a la fundación, financiada por el Ayuntamiento de València.

“No sabía que existía una empresa que se llamaba así”, declaró Ricardo Millet, técnico de análisis de FTVCB, a preguntas del fiscal anticorrupción. El testigo confirmó que “no participó ninguna empresa externa” en el proceso, a pesar de lo cual Laterne cobró por ese concepto. Preguntado por el letrado defensor de Salinas sobre si conocía las contrataciones, por parte de la fundación, en materia de consultoría a Laterne, el técnico afirmó que “si era para plan estratégico hubiera debido conocerlo”. 

Otra trabajadora de la fundación tampoco recordaba que Laterne fuera proveedora de la entidad. También declaró un inspector jubilado de la Agencia Tributaria, encargado de las pesquisas fiscales sobre Rosa María Lladró (hija del empresario Juan Lladró), que facturó con la empresa Laterne. En esa investigación de Hacienda afloraron, de refilón, los pagos de las fundaciones municipales a Laterne. La justificación que le llegó al inspector fue “dos facturas” y “una serie de power points”.

La documentación de FVTCB relativa a Laterne desapareció. Joan Carles Cambrils, subdirector de la fundación a partir de 2016, tras la debacle del PP de Rita Barberá en las elecciones del año anterior, aseguró ante el tribunal que “se destruyó mucha documentación” y que la fundación contaba con una trituradora. En el sistema de gestión interna, “debería verse la contratación con Laterne, quién lo ha promovido o autorizado, pero esto no estaba”, declaró el testigo. “Estaba destruido”, apostilló.

La eliminación de la documentación se produjo entre mayo y junio de 2015, cuando el PP perdió el poder municipal tras más de dos décadas de hegemonía. En la época, según el testigo Ricardo Millet, se vivía un “clima” enrarecido en el seno de la fundación, con titulares en prensa “por la mañana y por la tarde” referidos al papel de José Salinas en el 'caso Noós' y, más tarde, en el 'caso Taula'.

“Vaciado” de datos sensibles por “aligerar”

“No se destruía nada sin autorización de los directivos”, afirmó en referencia a José Salinas y a su número dos, Loles Edo. Esta última ordenó a Mercedes Guerra, según confirmó en su declaración como testigo, que solicitara a la empresa informática externa el “vaciado” de los datos que constaban en el sistema anteriores a 2009, precisamente cuando se realizaron los pagos al entramado de Laterne. Guerra reconoció que “en principio no” había un problema de saturación de espacio o de funcionamiento del sistema de gestión.

Aunque no le dijeron el motivo, la testigo supuso que era “por aligerar”. También reconoció que nunca antes se había borrado nada. La trabajadora declaró ante el tribunal, a todo de suposición, que la orden venía de Salinas a través de Loles Edo.

Por el contrario, Amparo Ros (actual asesora jurídica de la fundación), aseguró que no se destruyó documentación en 2015. Eso sí, la testigo reconoció que un abogado externo recomendó que se custodiara la documentación durante una década. A pesar de la recomendación, “no se adoptó ninguna actuación”, dijo Ros.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explicaron en la segunda sesión del juicio que recibieron un anónimo alertando de la destrucción de la documentación. Afortunadamente para las pesquisas, el informático externo al que encargaron borrar los datos sospechó de la petición y guardó una copia que acabó en manos de los uniformados del instituto armado.