Un macroproyecto urbanístico fallido del PP enfrenta ahora a PSPV y Compromís en Torreblanca

Con el desalojo por la fuerza y posterior derribo durante esta semana del Forn de Barraca para la ampliación de la autovía V-21 y la aprobación del proyecto para el muelle norte del Puerto de Valencia, se pone a prueba la unión entre los socios de gobierno autonómico a cuenta de la falta de una posición común en el debate entre un supuesto crecimiento o la sostenibilidad. Además de estos proyectos, más conocidos, existen a lo largo de la Comunitat Valenciana otros casos en donde la rivalidad política, los intereses económicos y el urbanismo desaforado se funden en un cóctel que recuerda demasiado a épocas pasadas y pone frente a frente a los socios autonómicos.

El caso del Proyecto de Actuación Integrada (PAI) de Torreblanca (Castellón), también conocido como Doña Blanca Golf, es uno de los más característicos y supuso el intento de construcción de 4.000 apartamentos, tres hoteles y un campo de golf, en un municipio costero que cuenta con poco más de 5.400 habitantes. El proyecto, que acabó por no salir adelante y cuyos terrenos son ahora propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), está tratando de ser impulsado de nuevo por el actual equipo municipal del PSPV, cuya alcaldesa, Josefa Tena, ha sido imputada por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Son diversas las irregularidad y los intereses cruzados que se pueden encontrar en ese macro proyecto de 50,5 millones de euros, que no cuenta con garantías de ser viable económicamente –ninguna empresa parece haberse interesado por él hasta la fecha-, sostenible medioambientalmente, ni cuenta con las infraestructuras sanitarias para llevarse a cabo. Sí cuenta, no obstante, con un informe no vinculante muy desfavorable realizado en julio de 2018 por el secretario de la localidad, el cual consideraba caducado el programa aprobado hace ya 16 años.

El funcionario recalcó en el escrito la necesidad de actualizar hasta nueve informes, entre los cuales se encontrarían el de la suficiencia de recursos hídricos, de la afectación del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL), y ponía en serias dudas la viabilidad jurídica del proyecto. Poco después de la aprobación de las bases del PAI a mediados de 2018, el funcionario presentó su baja en el consistorio tras un enfrentamiento con el equipo de gobierno, el cual llegó a insinuar a través de publicaciones, aseguran fuentes conocedoras del caso, que el funcionario sufría problemas mentales.

Ahora o nunca

El principal problema del PAI, viabilidad aparte, es que el convenio urbanístico se firma en febrero de 2006 y establece 32 meses para ejecutar el PAI. Tal y como ya expuso el secretario, “no es ajustado a derecho considerar vigente el programa aprobado en 2003” y, por tanto, adjudicarlo a una empresa sería ilegal. Llevar adelante las actividades urbanísticas podría suponer que, si alguien lo denunciase y un tribunal así lo considera, el pueblo debería hacer frente a una multa millonaria a la que las arcas del consistorio no pueden afrontar sin arruinarse. Sin embargo, el tiempo apremia, ya que si los terrenos pasan de ser declarados urbanizables a rústicos, se devaluarían notablemente. En otras palabras: es ahora o nunca.

En la actualidad, el PSPV –que obtuvo 4 concejales- gobierna en la localidad con el apoyo de Torreblanca Decide, la candidatura de Rosana Villanueva, antigua líder de Ciudadanos –a donde llegó proveniente del PP-, expulsada del partido por formar gobierno junto al PSPV y Compromís durante la pasada legislatura. Sin embargo, no cuentan en esta ocasión los socialistas con el apoyo de los valencianistas, los cuales tratan de reconstruir un partido deshecho después de que un tránsfuga diese el año pasado, con su voto a favor en un pleno extraordinario, el visto bueno a la aprobación de las bases del nuevo PAI.

Un desmarque ofensivo

La posición de la formación valencianista en la actualidad está comprometida y, de hecho, pese a contar con tres concejales, no quisieron entrar a formar parte de un equipo de gobierno que sabían iba a resultar polémico. Sí ofrecieron, sin embargo, los votos favorables de sus tres concejales para una mayoría simple –7 de un total de 13- a cambio de que los socialistas pidiesen un informe a Conselleria de Obras Públicas –con la que comparten color- para comprometerse a no bloquearlo.

Los de Compromís transitan por una fina línea entre mantener una política medioambiental y un modelo turístico que choca frontalmente con el PAI y desentenderse de la ejecución del proyecto. Todo ello sin oponerse a los intereses de algunos vecinos de la localidad –que se verían muy afectados por la devaluación de los terrenos- y, a su vez, sin denunciar el proyecto para no ser los responsables de una ocasional multa sobre el Consistorio en caso de que finalmente salga adelante. En este sentido, pidieron a los socialistas poner por escrito que ellos no lo bloquearían en base a la “voluntad del pueblo”, pero que se desmarcaban del mismo. La negativa de los de Tena propició la no entrada de los valencianistas en un gobierno al que habían apoyado durante los pasados cuatro años.

Cerrada la puerta de Compromís, a los socialistas sólo les quedaría la opción de tantear a los ediles del Partido Popular y Ciudadanos. En tanto que los últimos expulsaron de entre sus filas a su ahora socia de gobierno, y teniendo en cuenta que existen antecedentes durante los años 90 de gobiernos coalición PSPV-PP, no sería descabellado apuntar en esa dirección. Los populares lo saben y no están dispuestos a dejarse arrastrar en caso de que la situación con el proyecto urbanístico finalmente estalle.

El pasado miércoles, durante un pleno ordinario, dos ediles del Partido Popular votaron a favor de rechazar una comisión de investigación sobre la citación de la alcaldesa Josefa Tena, hecho que les ha merecido la incoación de sendos expedientes disciplinarios por parte del partido. Maniobran de emergencia los populares para intentar evitar que, como les pasó en su día a los de Compromís, dos de sus concejales acaben por convertirse en trásfugas.

Dos veces en la misma piedra

Este es una historia que viene de lejos, cuando la población trató de nadar con la corriente del auge turístico costero y puso en marcha un megacomplejo cifrado en más de 60 millones de euros que pretendía rivalizar con otros enclaves turísticos como Marina d’Or. Aquel primer intento fue retardado debido a oposiciones políticas, protestas de vecinos y grupos ecologistas que veían en el proyecto la sombra del desastre urbanizador que se había propagado por todo el país.

Tal y como relató Moisés Pérez en su artículo Urbanisme Salvatge a Torreblanca en El Temps, el intento de poner en marcha excavadoras y hormigoneras se topó con la justicia. La compleja red de intereses y vínculos entre propietarios, empresas urbanizadoras y el Partido Popular, entonces en el poder, dio al traste con sus planes cuando Torremar, agente urbanizador del PAI, se declaró en suspensión de pagos en 2013. A consecuencia de esto, la propiedad de la promotora se dividió entre los antiguos dueños y la recientemente creada Bankia.