Trabajadores de una cooperativa de trabajo Workman contratada por Mercavalencia, empresa propiedad del Ayuntamiento de València en un 51% y de Mercasa en un 49%, han protestado este jueves en la plaza del Ayuntamiento coincidiendo con el pleno municipal para exigir que se regularice su situación.
Según ha informado la secretaria de la sectorial de Alimentación de la Unión General de Trabajadores (UGT), Yovana Sancho, “dos meses después de que la inspección de trabajo determinara que la contrata de Mercavalencia era un mero instrumento para eludir cotizar en régimen general, la situación de los 250 trabajadores afectados sigue siendo la misma”.
Sancho ha comentado que el Ayuntamiento se mantienen en su postura de inmovilismo, lo cual deja desprotegidas a las 429 personas afectadas en el periodo de 4 años que ha abarcado la inspección (250 trabajando en la actualidad).
La secretaria de Alimentación ha explicado que las prácticas fraudulentas con cooperativas de trabajo asociado en el sector cárnico son generalizadas.
“Las cooperativas de trabajo asociado son el instrumento que se utiliza para no cotizar en Régimen General, no aplicar el Convenio Colectivo, ni jornadas, ni permisos, ni descansos, ni todos los derechos que reconoce el Estatuto de los Trabajadores”, ha denunciado.
Sin embargo, ha aclarado que en ningún caso se puede comparar esta situación con el cooperativismo valenciano, que como estandarte tiene a las cooperativas citrícolas, que cuando contratan para realizar trabajos, lo hacen sometidas al Convenio Colectivo y a la legislación laboral.
Desde UGT han añadido que “los datos económicos de Mercavalencia de 2017 claramente evidencian que sus beneficios salen del área de Matadero y Despiece, con más de 14 millones de euros de ingresos, suponiendo un 70% de los ingresos”.
Por ello han advertido de que seguirán luchando “contra estas fórmulas de trabajo sin derechos, que abaratan un 30% los costes empresariales y que perjudican a la caja de las pensiones; Condenando además a los trabajadores y trabajadoras a una flexibilidad total, privandoles de sus derechos como trabajadores, del Convenio Colectivo y de disfrutar las bajas adecuadamente remuneradas, y el desempleo.
Al respecto, Sancho ha recordado que “los falsos cooperativistas tienen que asumir todos los costes de la cotización de autónomos, las herramientas de trabajo y los equipos de protección individual, y además deben de pagar una cuota adicional a estas falsas cooperativas”.
Por todo ello ha exigido al Ayuntamiento de Valencia y a Mercasa, los dos
socios principales de Mercavalencia, que reconsideren su decisión, y den ejemplo a todas aquellas empresas donde ha actuado la Inspección y asuman la regularización de estos falsos autónomos, como otras empresas privadas ya han empezado a asumir.
Además, ha asegurado que Mercavalencia no será multada por tratarse de una empresa semipública y por tanto solo deberá abonar unos 7,5 millones de euros en cuotas de seguridad social.
Lo que sí que se determina de manera específica es que “los socios trabajadores cedidos ilegalmente a Mercavalencia deben disfrutar de los derechos del estatuto de los trabajadores” y que “deben disfrutar de la garantía de indemnidad (es decir que no pueden ser despedidos) o sufrir perjuicios económicos derivados de reclamaciones como es el caso de esta propia actuación de la Inspección”.