El comité de empresa de Marina Salud, empresa del grupo Ribera Salud que gestiona el hospital de Dénia cuyo director ejecutivo europeo es Alberto de Rosa, hermano del senador del PP Fernando de Rosa, hizo público este miércoles que la inspección de trabajo les ha dado la razón en la denuncia que pusieron por el tratamiento discriminatorio que da la empresa a la mujeres que se cogen la baja por maternidad, a las que no se les tiene en cuenta determinados complementos asociados a su sueldo. Aunque la denuncia se centro en el caso de tres empleadas, desde el comité aseguran que es práctica habitual.
El acta de la inspección del Ministerio de Trabajo con fecha del pasado 26 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, afirma que “la empresa Marina Salud S.A. ha adoptado decisiones unilaterales que implican discriminaciones directas desfavorables por razón de sexo” y añade: “En materia salarial, se ha introducido una diferenciación formalmente razonable entre hombres y mujeres que supone, sin embargo, una discriminación contraria al artículo 14 de la Constitución Española, artículo 4.2.c) del Estatuto de los Trabajadores, y artículo 4 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Marina Salud S.A. ha provocado un perjuicio en las condiciones de trabajo asociado inmediatamente con la situación de maternidad de trabajadoras embarazadas”.
En concreto, “al adaptarse el puesto de trabajo de las trabajadoras embarazadas de Marina Salud S.A., se ha eliminado o reducido la prestación de servicios de dichas trabajadoras en régimen de guardia, y se ha dejado de abonar a las trabajadoras el complemento salarial correspondiente a dicha prestación de servicios, durante el tiempo de adaptación del puesto de trabajo”.
Por ello, la inspección de Trabajo insta a Marina Salud a garantizar el abono a las trabajadoras que se encuentren en situación prevista en el artículo 26.1 de la LPRL (adaptación del puesto o tiempo de trabajo durante embarazo o lactancia) de las retribuciones que venían percibiendo antes del inicio de dicha situación en concepto de guardias, efectuar la liquidación complementaria correspondiente y a abonar a las trabajadoras afectadas.
El comité de empresa lamentó “una vez más tener que denunciar estas situaciones ante la inspección de Trabajo al vulnerar derechos fundamentales, y de protección a colectivos sensibles como son las trabajadoras embarazadas; a pesar de que, de manera reiterada, se han realizado peticiones y escritos al respecto a lo largo de los años para subsanar estas graves situaciones, sin obtener respuestas favorables por parte de Ribera Salud”.
Los representantes de los empleados comentaron que “la vulneración de la normativa laboral supone un grave incumplimiento del pliego de condiciones en su articulo 17.2 (Obligaciones respecto al personal), por el cual el adjudicatario se compromete al cumplimento de todas las disposiciones vigentes en materia laboral y social”.
Por último, advirtieron de que tomarán “las medidas necesarias y se dará conocimiento a los órganos oportunos de la resolución” de la inspección.
El hospital de Dénia está en proceso de recuperación para la gestión pública, una vez finalice el próximo 31 de enero la concesión otorgada hace 15 años por el Gobierno valenciano que presidía Francisco Camps.
Como informó este diario, Ribera Salud, afirmó tras el último requerimiento de información por parte de la Conselleria de Sanidad para hacer posible la recuperación pública del área de salud de la Marina Alta que con la victoria del PP el proceso de reversión había quedado “suspendido”.
El comité de empresa se reunió el pasado 8 de junio y tras el encuentro manifestó su compromiso con la reversión del departamento a la gestión pública directa. “Para este Comité nada ha cambiado, y seguimos en la hoja de ruta marcada por las normas de reversión iniciadas por la Administración el pasado mes de enero de 2023. Asimismo, queremos remarcar que todos los grupos políticos que se han reunido con nosotros han manifestado su compromiso en que la concesión finalice el 31 de enero de 2024, tal y como se ha transmitido a la ciudadanía de la Marina Alta”, recordaron.
La paralización o modificación de este proceso “sería un engaño a la ciudadanía y a los trabajadores; además de una vulneración a la normativa vigente”, advirtieron.