El traje a medida del Gobierno valenciano a los promotores: desprotección del territorio y cambios en los planes urbanísticos

“Estudio de la posibilidad de regular de modo más claro la participación de la iniciativa privada en la formulación de propuestas de determinados instrumentos de planeamiento”. La propuesta de modificación de la la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) anunciada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (documento íntegro al final de la información), es toda una declaración de intenciones que conduce a dejar el urbanismo en manos de los promotores, de forma que incluso podrían tener capacidad para modificar planes generales, una competencia exclusiva de los ayuntamientos.

Así se confirma en los sucesivos puntos de los cambios legales que se proponen y que han salido a exposición pública: “Flexibilización del planeamiento, con el estudio de la posibilidad de que los planes de desarrollo puedan justificadamente modificar el planeamiento general estructural; favorecer la gestión indirecta de los Programas de Actuación Integrada, sin que deba justificarse en todo caso la no procedencia de la gestión directa”, son otros de los puntos que van en la misma línea.

La reforma de la ley valenciana de urbanismo no es sino la composición de un traje a medida para todo el sector de la construcción. Junto a ella, el Consell del PP está en proceso de elaboración de una nueva Ley de Costas más permisiva que la actual y de flexibilizar el Plan de Acción Territorial (PAT) de l'Horta que actualmente protege 11.000 hectáreas de suelo agrícola. Además, el decreto de vivienda protegida anunciado recientemente incrementa el precio máximo por módulo, al pasar de 2.200 euros metros cuadrados a 2.400 euros.

A todo ello se añade que el nuevo decreto de simplificación administrativa conocido como Plan Simplifica de la Generalitat Valenciana presentado el pasado mes de julio incluye la reducción de la distancia a la que se permite construir en el litoral de los 500 metros actuales establecidos por el Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana) a 100 metros.

En cuanto a la futura Ley de Costas valenciana que vendrá a sustituir al Pativel, entidades como la plataforma Acció Ecologista-Agró ya han alertado de que “degrada y retrocede alarmantemente la protección de la costa valenciana, nos lleva a la deriva del cambio climático”. La organización ecologista añade: “Bajo el pretexto del cuidado del litoral con el que se justifica el autor, se oculta la intención populista de favorecer la privatización del Dominio Público Marítimo Terrestre”.

Sobre el Plan de Acción Territorial (PAT) de l'Horta aprobado en 2018 por el Gobierno del Pacto del Botánico, la idea que se persigue es ampliar el plazo establecido en la normativa para que los ayuntamientos puedan recuperar enclaves de huerta abandonada, lo que a su vez permite edificar en una parte de esos terrenos. Es decir, en ellos se podía recuperar el cultivo en dos partes y en una tercera rehabilitar o construir. Apenas se habían presentado proyectos en el plazo de cinco años que proporcionaba la ley.

Por último, en lo que se refiere al nuevo decreto de vivienda, el ejecutivo autonómico justifica el aumento de precio de las viviendas protegidas en la necesidad de incentivar a los promotores a construir este tipo de promociones para estimular la colaboración público-privada. El objetivo del decreto es impulsar la incorporación de 10.000 viviendas de protección pública en la legislatura para contener los precios.

El decreto, que se aprobará en las próximas semanas, establece distintos niveles de protección para las viviendas y un sistema de “módulo dinámico”, que prevé diferencias en el precio de la vivienda pública en función de la zona en la que se ubique, su renta media o criterios demográficos. Es una forma de ajustar el precio final a las leyes de mercado y de tener en cuenta los distintos costes de edificación según la zona geográfica, siempre con el umbral máximo fijado en los 2.400 euros. Así, en lugar de un precio homogéneo para todo el territorio, cada promoción de vivienda protegida tendrá sus particularidades reconocidas. La actualización del precio de referencia del módulo se realizará anualmente, de acuerdo a los informes de la Cátedra de Vivienda

El nuevo reglamento también incrementará los umbrales de renta para poder acceder a las promociones protegidas en los casos de las familias que tengan mayores o hijos a su cargo, además de los jóvenes.