Desde que desapareciera el pasado 7 de noviembre en la localidad valenciana de Manuel, no hay día en el que los medios de comunicación valencianos no hayan publicado una noticia, artículo o análisis sobre la desaparición de Marta Calvo.
Conocemos su rostro, su álbum de fotos, el del principal sospechoso -incluidos sus lugares de vacaciones-, sus gustos personales, y su vida laboral y sexual. Sabemos que:
Conocemos los “peligrosos vicios sexuales” del detenido y principal sospechoso, Jorge Ignacio P.J., las prácticas que supuestamente llevaron a cabo la noche de su muerte y hemos visto detalladamente el vertedero en el que se buscan sus restos. También “el itinerario macabro para descuartizar y deshacerse de Marta”, con los datos de geolocalización del móvil del investigado. Hemos leído los mensajes de la madre y el padre de la víctima y una carta del detenido en la que trata de exculparse. Algunos diarios han reproducido el escrito que envió desde prisión y se refieren a él con su nombre de pila.
Sabemos la droga que consumieron durante la noche, cuál y cuanta, y en cuantas partes dividió el cuerpo el principal sospechoso. “El detenido dice que Marta Calvo habría muerto practicando sexo con drogas”, “el letal método de la 'fiesta blanca': sexo y cocaína”. Algunos medios han consultado a expertos sobre los efectos de la cocaína en el cuerpo y han conseguido así hacer una crónica de la muerte de la joven.
Entre las incógnitas policiales está si se consumió droga, si fue consumida voluntariamente o no por la víctima y si fue el detonante de la muerte. Es la diferencia entre un asesinato, un homicidio y un homicidio imprudente. Al no haber cuerpo ni restos biológicos, la única versión hasta la fecha es la de la confesión del detenido. Jorge Ignacio P.J. se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent el 4 de diciembre, un mes después de la desaparición, y confesó haberse deshecho del cuerpo, que aseguró haber encontrado sin vida. Desde el 6 de diciembre se encuentra en prisión por una causa de homicidio y los investigadores buscan casos similares para esclarecer si hay un patrón, ya que el detenido fue identificado en la muerte de una mujer que ejercía la prostitución en el barrio valenciano de Russafa por una práctica similar a la confesada. Otras dos mujeres han denunciado que el detenido las drogó sin su consentimiento.
Marta Calvo es víctima de la violencia machista según la definición del Convenio de Estambul, vigente en España desde 2014. El convenio señala que por violencia contra las mujeres “se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada”. Con ello, se amplía la definición que realiza la ley de Igualdad de 2004 y se extiende del ámbito de las parejas o exparejas.
Para la presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre, entender este caso como violencia contra las mujeres es fundamental para su tratamiento. “Ha faltado perspectiva de género. No se ha explicado como un caso de violencia machista”, señala la periodista, que cree que de haberse considerado así el análisis mediático habría cambiado. De la Torre considera que se han publicado detalles innecesarios sobre la vida personal y privada de la víctima, incluidas las prácticas sexuales que, según la confesión del detenido, llevaron a cabo. La periodista critica la “difusión de datos personales sobre la víctima que cuestionan su forma de vida que no aportan nada” y solo contribuyen a “revictimizar” y rechaza el morbo habitual en los casos que se tratan como sucesos.
Sobre la publicación del escrito del detenido, considera que debe publicarse con su debido contexto, no como una justificación, del mismo modo que habitualmente se rechaza preguntar a los vecinos de la persona que comete un delito. “El resultado del discurso no puede ser cuestionar a la víctima y humanizar al agresor”, señala.
En las últimas semanas, el colectivo de periodistas feministas valencianas Les Beatrius ha reclamado un tratamiento mediático respetuoso con la mujer y la familia, recordando que “la víctima tiene derecho al honor”.
Dos integrantes de la agrupación profesional, Remei Castelló Belda y Anna Gimeno Berbegal, redactaron en 2018 el manual de estilo para el tratamiento de la violencia machista, un encargo de la Unió de Periodistes Valencians en cumplimiento del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género.
Este manual recuerda que “en el tratamiento informativo no se debe utilizar la conducta de la víctima para restar importancia a cualquier tipo de agresión sufrida, atribuirle la responsabilidad o la culpa o cuestionar su testimonio”. Sobre el uso de fotografías de la víctima, el escrito recomienda “evitar centrar las imágenes y la información en las personas víctimas y su entorno. Hay que insistir en el agresor y en el descrédito social de esa acción”, y recuerda que se debe respetar su derecho al honor. En este caso, dado que la víctima había desaparecido, existe controversia sobre la publicación o no de su rostro. De la Torre recuerda que no hay consenso y cree que está justificada la difusión de su fotografía para llamar a la colaboración ciudadana cuando el caso era una desaparición.
Sobre el agresor, las autoras del manual consideran que se puede publicar la imagen si hay una acusación firme -en este caso, ha confesado haberse deshecho del cuerpo-, aunque piden respeto a la presunción de inocencia y no caer en estigmatizar por su origen étnico o nacionalidad. El manual de estilo alerta sobre el relato del terror sexual. “[En] el relato del terror sexual a menudo encontramos la idea de la irresponsabilidad de las mujeres por haberse puesto en riesgo, en lugar de la irresponsabilidad de los hombres por haber ejercido la violencia, por ser los causantes del terror”.
Así, la presidenta de la agrupación de periodistas valencianos insta a ampliar la definición de violencia de género para un tratamiento mediático más responsable.