El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares por los supuestos indicios de “fraude de ley” detectados por la Agencia Valenciana Antifraude en la prórroga de la concesión del aparcamiento subterráneo del Parque de l'Aigüera de Benidorm, aprobada por el pleno municipal de la localidad el 31 de mayo de 2021, con los votos del PP. Antifraude calcula el perjuicio a las arcas en más de 600.000 euros.
La entidad que dirige Joan Llinares remitió al Tribunal de Cuentas el informe que analizó las supuestas irregularidades en la prórroga del contrato, tras una denuncia de Ciudadanos, formación que votó en contra de la decisión, al igual que el PSPV-PSOE.
Así, el organismo que vela por los caudales públicos ha abierto una investigación preliminar, según la diligencia de ordenación del pasado 15 de diciembre a la que ha tenido acceso elDiario.es. El Tribunal de Cuentas ordena la apertura de una pieza de diligencias preliminares, en la que se incluye el informe de Antifraude, y remite una copia de las actuaciones al Ministerio Fiscal y al representante legal del Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el popular Toni Pérez, actual presidente de la Diputación de Alicante.
La diligencia de ordenación otorga un plazo de cinco días para que presenten alegaciones para nombrar un delegado instructor o, por el contrario, archivar el procedimiento. El alcalde de Benidorm ha designado al letrado municipal para que se encargue de la defensa y representación del ayuntamiento, según un decreto del pasado 21 de diciembre.
El contrato de concesión original del aparcamiento se firmó en 1990 por un periodo de tres décadas. Sin embargo, en 2021 el pleno municipal aprobó con los votos del PP la continuidad de la explotación por parte de la adjudicataria —la empresa FCC— durante otro ejercicio, a pesar de haber acordado un año antes la gestión directa del servicio.
Tras analizar la documentación, Antifraude concluyó que la decisión supuso una alteración de las condiciones iniciales de la licitación. Al haber prolongado la concesión más allá del plazo establecido originalmente, se vulneraron los principios de igualdad de trato entre empresas y de libre concurrencia en el marco de la contratación pública. La prórroga, aseguraba la Agencia Valenciana Antifraude, “equivaldría a una nueva adjudicación producida de forma directa o sin concurrencia”. Además, hubo una “ausencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido”.
Toni Pérez ha incluido en el orden del día del próximo pleno, convocado el 28 de diciembre, la propuesta de incoación de un expediente de revisión de oficio del acuerdo que prorrogó la concesión, tal como recomendaba Antifraude en su informe.
El alcalde popular dijo que la revisión de oficio va a permitir “dar los pasos necesarios para que esta cuestión se aclare cuanto antes y, en el caso que se haya producido un perjuicio para el interés general de Benidorm, iniciar todas las acciones pertinentes para resarcir ese supuesto perjuicio”. “Con este paso, la intención de este equipo de gobierno es clarificar este asunto con un doble objetivo: defender el interés general y también defender el nombre de Benidorm”, apostilló.
El alcalde acusa a Antifraude de vetar sus alegaciones
El primer edil defendió este viernes la prórroga de la concesión alegando que el consistorio “siempre ha actuado en base a informes técnicos, siempre con la máxima transparencia y siempre en defensa del interés general”. Toni Pérez también afirmó que el Ayuntamiento de Benidorm presentó alegaciones a las conclusiones provisionales de la agencia, incluidos varios informes, aunque sostuvo que Antifraude no los plasmó.
Sin embargo, la Agencia Antifraude afirma: “Por parte del Ayuntamiento de Benidorm no se han presentado alegaciones por lo que se le presume conforme con el contenido del informe provisional”. Sólo alegó FCC, la mercantil que ostentaba la concesión.
El portavoz adjunto del PSPV-PSOE en Benidorm, Sergi Castillo, criticó que se trata del “primer gran caso de corrupción del Gobierno de Toni Pérez” y pidió su comparecencia urgente. “Lo más grave es que, mientras se gobierna tomando decisiones que benefician a determinadas ‘empresas amigas’, las arcas municipales están vacías y ahora se tiene que recurrir a recortes y a esquilmar el bolsillo de los contribuyentes con subidas brutales de impuestos y tasas para poder cuadrar un presupuesto”, afirmó Castillo.
Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno municipal, la popular Lourdes Caselles acusó al edil socialista de “hacer una lectura tramposa, desproporcionada, sesgada y como siempre interesada” del informe de Antifraude.