La Fiscalía de Alicante deberá determinar si admite o archiva una denuncia de Compromís por los ingresos presuntamente irregulares de la Diputación de Alicante al Partido Popular, la formación que gobierna en la institución provincial. El Tribunal de Cuentas la ha trasladado al Ministerio Fiscal para que analice si se han cometido los presuntos delitos o responsabilidad contable de los técnicos de la institución provincial y de representantes del partido.
“Cae así, de forma contundente, la coartada del Partido Popular de Carlos Mazón”, asegura la formación valencianista. El PP ha declinado hacer públicas las facturas, que suman casi medio millón de euros de dinero público, y se escuda en que ya las había facilitado al Tribunal de Cuentas. El mismo órgano que ahora remite la denuncia de Compromís a la Fiscalía.
La denuncia “evidencia una serie de irregularidades en los ingresos por valor de 446.781,53 euros de la Diputación al Partido Popular”. El escrito apunta hacia tres grandes ejes donde se engloban las posibles irregularidades: incumplimiento del destino finalista de las dotaciones económicas a los grupos políticos, transferencia no ingresada en la organización provincial del partido y ausencia de la preceptiva fiscalización.
El grupo popular multiplicó por cuatro las asignaciones a los grupos políticos al inicio del mandato de 2015. A partir de este momento el grupo popular de la Diputación aumenta las transferencias al Partido Popular sin acreditar en ningún momento el destino finalista de las mismas que exigía la ordenanza. “Pero en vez de aportar las facturas acreditativas de los ingresos, aportaban un certificado firmado por el entonces secretario provincial del partido, Eduardo Dolón”, critica Compromís. Juez y parte, Dolón combinaba la vicepresidencia primera de la institución provincial con la presidencia de la comisión informativa de fiscalización de cuentas precisamente de esos ingresos presuntamente irregulares.
La gerente del partido, Yolanda Murcia, emitía nuevos certificados contradiciendo el destino de los propios certificados de Dolón y asegurando que los fondos iban a parar a gastos no autorizados por la ordenanza“, según la denuncia de Compromís ante el Tribunal de Cuentas. Además, gran parte de los ingresos se llevan a cabo de forma sistemática entre el 25 y 31 de diciembre, hecho que apunta, según la denuncia de la formación valencianista, a que los recursos no podían ser destinados a activos vinculados a la Diputación de Alicante dentro de la contabilidad del año y que se usaban para financiar el partido.
El Partido Popular denunció en el juzgado al portavoz de la formación valencianista, Gerard Fullana, a raíz de sus denuncias públicas de la situación.