La sección segunda de la Audiencia Provincial de València ha decidido citar a declarar al director de un medio digital al que en 2016 el testigo clave de la financiación en B del PP de Rita Barberá entregó documentación sensible para la causa, en la que el ex vicealcalde Alfonso Grau figura como principal acusado.
El testigo Jesús Gordillo se desdijo radicalmente de la versión que había mantenido durante la fase de instrucción y alegó, en la segunda sesión del juicio, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo había presionado e incluso que un misterioso hombre, del cual no aportó más información, lo amenazó para que entregara la documentación sensible al periódico, que luego la aportó a la Fiscalía Anticorrupción a tenor de la gravedad de los papeles, referidos al entramado Laterne usado por el PP en la campaña electoral de 2007.
La declaración de Gordillo molestó a las acusaciones y al tribunal, dadas sus evidentes contradicciones. El fiscal Fernando Maldonado ha solicitado al tribunal que se cite a declarar al periodista Javier Alfonso, director de Valencia Plaza. El periodista se ha convertido en un “testimonio cuya valoración por parte del tribunal puede ser trascendente a los efectos del fallo”, según ha dicho el magistrado.
La declaración “puede aportar claridad”, según el juez
Tras el inopinado giro del guion protagonizado por Jesús Gordillo, el periodista al que entregó la documentación “puede aportar claridad para poder tener más elementos de juicio para conformar criterio a la hora de valorar la prueba y, en concreto, ese testimonio”, sostiene el presidente del tribunal.
El periodista ha sido citado el próximo 31 de enero, una sesión en la que ha quedado un hueco al haber renunciado las partes a la declaración. El fiscal anticorrupción cree que la declaración del nuevo testigo puede “acreditar la falsedad” de la nueva versión de Gordillo. “Podemos acreditar ante el tribunal que no es cierto lo que declaró”, afirma el representante del Ministerio Público.
El falso testimonio puede suponer penas de entre seis meses y dos años de prisión.