El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y ha obligado a reponer las condiciones laborales a 98 empleados de Vaersa, despedidos con el segundo ERE de esta empresa pública.
Según ha informado el sindicato UGT, se confirma así el fallo del TSJ y se concluye que “la empresa no cumplió con el deber de negociar de buena fe, lo que vicia de nulidad el proceso de modificación sustancial instado”.
El fallo supone que la empresa Vaersa deberá reponer a los trabajadores afectados en las mismas condiciones laborales anteriores a las modificaciones, abonando las diferencias salariales dejadas de percibir y la regularización de las cuotas ante la Seguridad Social.
En este sentido, el cálculo estimado de ahorro de las modificaciones (alrededor de 500.000 euros), va a suponer en cambio, un sobrecoste de unos 1.200.000 euros, según ha informado UGT.
Vaersa planteó la necesidad de modificar las condiciones a 98 empleados argumentando causas organizativas, productivas y por reducciones presupuestarias en varias encomiendas de gestión en el ejercicio 2014.
Esto provoco “reducción de salarios, periodos de contratación y cambios de categorías profesionales”, según las mismas fuentes.
Al no haber acuerdo entre empresa y sindicatos, la FSP-UGT inició un conflicto colectivo el 25 de abril de 2014 para que, según la sentencia, ahora confirmada por el Tribunal Supremo, se declarasen nulas o subsidiariamente injustificadas las modificaciones de condiciones de trabajo y novaciones contractuales.
La sentencia constata que los sindicatos no recibieron toda la información necesaria, en concreto los informes económicos que justificaran las partidas presupuestarias de las encomiendas de 2013 en comparación con el ejercicio de 2014, resultando esencial para las partes negociadoras tener conocimiento de los términos en que ha variado la situación de Vaersa desde las anteriores encomiendas.
Por consiguiente, los informes que presentó Vaersa para justificar los citados recortes presupuestarios -elaborados por su propio personal- el TS no lo ha considerado.
“La obstaculización y mala fe demostrada por Vaersa en el periodo de consultas de no entregar la documentación solicitada ha originado la nulidad de este segundo ERE por no cumplir con el deber de negociar de buena fe ”quedando viciado desde el inicio del proceso“, han agregado desde UGT, que denuncia además que ”los actuales gestores empresariales siguen incurriendo en estas malas prácticas“.
“A diferencia de lo ocurrido en el año 2014, actualmente, las modificaciones de las condiciones de trabajo y las novaciones de contratos no se están produciendo en bloque. Al no superarse el número de 30 las personas afectadas, los sindicatos no podemos interponer denuncias colectivas”, han indicado desde el sindicato.
En este sentido, se denuncia que la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente sigue revisando anualmente los puestos y las condiciones de trabajo del personal de Vaersa.
“Revisiones que en muchos casos suponen recolocaciones, modificaciones de las condiciones de trabajo, novaciones de los contratos, cambios de categoría profesional o de calendario laboral, y ello genera una gran precariedad laboral y además se está excluyendo a los sindicatos de cualquier negociación”, han añadido las mismas fuentes.
Por ello, se lamenta que “los gestores empresariales responsabilizan a los técnicos de la conselleria de los cambios anuales de las condiciones de trabajo, y los responsables políticos argumentan que no son responsables de nada porque esto es un problema de empresa. En definitiva, se pasan la pelota unos a otros”.