La irrupción de la 'operación Taula' ha acelerado algunas de las cuestiones pendientes del gobierno de Joan Ribó (Compromís). Pese a que los tres grupos de izquierdas que componen el ejecutivo local habían proclamado que iban a “levantar alfombras” cuando llegaran al consistorio, durante esos primeros meses al frente del Ayuntamiento han sido pocas las revelaciones. Desde la concejalía responsable, dirigida por Roberto Jaramillo (València en Comú), no se ponía fecha al proceso al considerar que se iba a hacer una doble auditoria a la etapa de la exalcaldesa Rita Barberá (PP).
Con el estallido de varios casos de corrupción que afectan a Barberá, el gobierno local ha decidido actuar. Y por eso, realizará “una auditoria a la gestión de la mayor parte de las fundaciones publicas del Ayuntamiento”, ha anunciado el teniente alcalde, Jordi Peris (València en Comú). Aunque se realizarán a petición de los responsables de cada organismo. La primera en solicitarla es la Fundación Deportiva Municipal, salpicada por los contratos dados durante la etapa del PP a la agencia que hacía las campañas de la exalcaldesa y por el asalto que padeció hace unos meses en el que se revolvieron papeles y no se llevaron ni dinero ni bienes materiales. “La auditoria no se hace con motivo del asalto que sufrió”, ha precisado el teniente alcalde, Joan Calabuig (PSPV-PSOE).
Para realizar esta revisión contable y de las operaciones realizadas, se ha incrementado el departamento de hacienda y se hará en colaboración con organismos, como la Sindicatura de Comptes. De hecho, la Fundación Valencia Turismo, afectada por los contratos del 'caso Nóos', ya reclamó los servicios del organismo auditor para que revisará de arriba a abajo la fundación. No obstante, según Calabuig estos exámenes contables no están motivados “por la detección de irregularidades. Son auditorias preventivas”.
A la espera de los tribunales
Fruto de la macrorredada de la 'operación Taula', el Ayuntamiento de Valencia acordó la creación de una comisión de investigación, tras la rectificación por la negativa inicial de Ribó. Según ha informado Peris, “tendrá lugar una vez se levante el secreto de sumario”. Y ha exigido al PP que se plantea cuál va a ser el representante escogido para esa comisión “por si eligen a un imputado”. “Seguimos reclamando a Bonig que exija la dimisión y la entrega del acta de los ediles imputados”, ha solicitado. De momento, el tripartito ha despedido al asesor del PP imputado por blanqueo, Carlos Andrés.
Al margen de la corrupción, el gobierno de Joan Ribó rectificará la ordenanza relativa al uso de la playa para permitir la entrada de perros en ellas. Aunque dentro de este año se limitará a pequeños espacios situados en la playas del sur de la ciudad. Además, se va a empezar a rehabilitar el edificio derruido de La Farinera para convertirlo en un centro de innovación estilo Las Naves, del que se descarta por el momento una gestión público-privada y se ha firmado un convenio pionera en España para la formación de la policía en delitos de odio razones de perfil social.