Cuando apenas quedan unas semanas para que el Hospital de Alzira vuelva a ser público -el próximo 1 de abril-, la empresa concesionaria (Ribera Salud) se está apresurando para desalojar el área de salud que gestiona. Así, desde hace unas semanas empresas como MDA Gestión de la Información (que se encarga del tratamiento y la gestión de documentación) trabajan en las instalaciones, donde se han podido ver multitud de cajas con documentación, trituradoras y numerosos contenedores de la empresa DCD (Destrucción Confidencial de Documentos).
Ribera Salud ha desmentido esta misma semana que esté moviendo ni eliminando “información sensible” o necesaria para continuar prestando el servicio a partir del 1 de abril y han asegurado que están siguiendo el plan de reversión marcado por la Conselleria de Sanitat y el procedimiento legal habitual. Lo que se está haciendo, insisten, es el proceso de traslado de la información de carácter mercantil que la empresa debe conservar “por imperativo legal”.
El traslado de toda esa documentación, aseguraba la empresa a través de un comunicado, se realiza por medio de los actuales propietarios de las carpetas, así como a cargo de las personas o equipos con acceso a dicha información. Todo ello con el soporte técnico de los informáticos de b2bsalud, central de compras y servicios compartidos del grupo.
Todo este proceso se está llevando a cabo “con total transparencia”, está avalado por los asesores legales de Ribera Salud y cumple con la legislación vigente en materia de protección de datos y seguridad de la información, han insistido desde la mercantil.
Sin embargo, la dirección general de la Alta Inspección Sanitaria está investigando, a raíz de una denuncia interna, el posible borrado de documento en archivos sensibles, una denuncia -sobre la desaparición de documentos y el borrado de archivos- que también ha recibido el sindicato médico Simap. Ante esta circunstancia, la Inspección se presentó en las oficinas de Ribera Salud hasta en dos ocasiones esta semana, confirmando la desaparición de archivos de Farmacia, Calidad -listas de espera- y pacientes (con datos personales y clínicos).
La empresa insiste en que no tiene conocimiento de ninguna denuncia oficial por parte de trabajadores o sindicatos, “ni de ninguna inspección oficial” de la Conselleria de Sanitat. “No vamos a consentir que se nos acuse de algo tan grave sin pruebas que lo avalen”, advertían para insistir en que las acusaciones son “infundadas” y responden “únicamente al objetivo de desprestigiar a nuestro grupo y a los profesionales que forman parte de él”.