El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó el pasado 7 de agosto el decreto por el cual se modificaron algunos aspectos de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico. La normativa incorpora novedades importantes, algunas de ellas no exentas de polémica y muy criticadas por las diversas asociaciones de empresarios, como el plazo máximo de 10 días establecido para un mismo arrendatario o la prohibición de entregar las llaves mediante buzones instalados en la calle.
Sin embargo, ha pasado de puntillas por una cuestión clave como es la situación legal en la que quedan los miles de apartamentos turísticos inscritos en el registro autonómico antes de julio de 2018, que no requerían de un informe municipal de compatibilidad urbanística. Este requisito se implantó a partir de la mencionada fecha con la entrada en vigor de la Ley de Turismo.
Según el nuevo decreto aprobado el pasado mes de agosto, los inscritos antes de julio de 2018 únicamente necesitarán hacer una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos referentes a accesos, instalaciones, dimensiones mínimas y dotaciones para renovar su número de registro, el cual caducará dentro de cinco años. Es decir, a ojos de la Generalitat Valenciana, estos inmuebles pueden seguir teniendo un uso turístico al estar incluidos en el registro. Sin embargo, en muchos casos colisionan con las normativas urbanísticas de cada ayuntamiento, por lo que pueden ser sancionados por las autoridades municipales.
Es lo que está sucediendo por ejemplo en València, donde muchos apartamentos turísticos inscritos antes de julio de 2018, cuando no se requería informe urbanístico del Ayuntamiento, están diseminados en edificios residenciales incumpliendo lo establecido en el Plan General, motivo por el que están siendo sancionados e incluso cerrados, a pesar de contar con el número de registro de la Generalitat Valenciana.
Con lo establecido en el nuevo decreto, el Gobierno valenciano viene a dejar al criterio de cada municipio la situación legal de estas viviendas de uso turístico. Al respecto, fuentes de la Conselleria de Turismo que dirige Nuria Montes han argumentado que legalmente no pueden endurecer las normas que eran de aplicación antes de julio de 2018, es decir, no les pueden exigir con efecto retroactivo el informe de compatibilidad urbanístico.
Por otra parte, han destacado que existe preocupación por la proliferación de apartamentos turísticos en bajos comerciales y que por ese motivo entre la documentación a presentar exigirán la cédula de habitabilidad de cada inmueble, pues están convencidos de que en muchos casos los bajos no están legalmente acondicionados para funcionar como viviendas.
Así pues, serán los ayuntamientos los que tengan la última palabra sobre la legalidad de los apartamentos turísticos registrados antes de julio de 2018 y que no tengan informe de compatibilidad urbanística. Según la información recabada por elDiario.es, el PP prometió se comprometió con la la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunitat Valenciana (AVAEC) a aprobar una suerte de 'amnistía' o de régimen especial para regularizar estos alojamientos.
En València el Ayuntamiento aprobó una moratoria de un año en la concesión de nuevos permisos mientras prepara una ordenanza específica de apartamentos turísticos que a buen seguro será la que determine la situación legal de estos inmuebles.