La Guardia Civil ha detenido este lunes al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, por un delito continuado de cohecho. Tras varias horas de registro en su domicilio, Grau ha sido trasladado poco después de las 13 horas a la Comandancia para su interrogatorio. Allí, se ha negado a declarar y ha sido posteriormente puesto en libertad hacia las 16 horas. Había sido detenido a primera hora en el domicilio de su esposa, María José Alcón, imputada por la Operación Taula, en Mislata, un municipio junto a Valencia.
La investigación al que fuera número dos de Rita Barberá no tiene relación directa con la Operación Taula, la iniciativa judicial para investigar una amplia trama comisiones irregulares y financiación ilegal en el PP valenciano, aunque si estaría relacionada con la corrupción. Concretamente, se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato del Ayuntamiento de Valencia a un empresario, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ)
Agentes del instituto armado han registrado varios domicilios, una joyería y una empresa turística, Transvia. Esta compañía era proveedor habitual de Turismo Valencia, la empresa municipal, presidida por Grau, que fomentaba la llegada de visitantes a la ciudad. La operación, coordinada por la Fiscalía de Valencia, habría sido provocada por la denuncia presentada por un particular a finales de 2015.
El TSJ aclara que el juzgado que investiga el asunto, Instrucción 19 de Valencia, no ha ordenado la detención de Grau, que si ha sido arrestado por la Guardia Civil. Un empresario está también imputado por cohecho (como parte activa o inductora del delito). Grau, como parte pasiva (o receptora de la dádiva), también.
El cohecho es un delito cometido por cargos públicos o funcionarios que reciban regalos a cambio de favores o por particulares que con dádivas o promesas corrompan a autoridades públicas. Conlleva penas de entre dos y seis años de prisión. Es cohecho pasivo cuando se reciben presentes (el que se imputa a Grau) y activo (el supuestamente atribuido al empresario) cuando se entregan. El juzgado ha declarado la causa secreta.
Otro caso más.... al margen de la Operación Taula
La detención no se enmarca en la pieza relativa al presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP del Ayuntamiento de Valencia en el que hay más de 50 investigados, entre actuales ediles, exconcejales y asesores. Uno de los imputados es María José Alcón, esposa de Grau. Agentes del Instituto Armado han iniciado registros en los domicilios de ambos por el caso de cohecho.
Dentro de la Operación Taula, los investigadores creen que el PP ideó un burdo sistema de blanqueo de capitales: los imputados transferían 1.000 euros al partido como donativo para financiar su campaña electoral que luego recibían en billetes de 500 procedentes de la supuesta caja B del partido. Esta sería nutrida por dinero procedente de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.
Por este asunto, además de Alcón, que reconoció el blanqueo, fue detenida Carmen García-Fuster, secretaria del PP en el Ayuntamiento de Valencia y mano derecha de Rita Barberá. La exalcaldesa de Valencia, ahora senadora, se ha enrocado en su escaño, con ayuda de Mariano Rajoy, pese a las presiones de gran parte de su partido. Fuentes de la investigación aseguran que en una segunda parte de la investigación será imputada, para lo que se debe pedir permiso, al estar aforada, en el Tribunal Supremo.
Alfonso Grau también es uno de los acusados en el juicio del caso Nóos que se celebra estos días, aunque no está imputado por el blanqueo de capitales, ya que había abandonado antes su concejalía. Sin embargo, dijo que Rita Barberá “algo sí sabía” de lo que ocurría con la supuesta caja B del grupo del PP en el consistorio valencia. La ruptura entre Grau y Barberá, tras años de gestión municipal y en el partido codo con codo, es más que evidente. El PP local, además, está destrozado: su dirección ha sido disuelta y sustituida por una gestora a la espera de un congreso extraordinario. Los concejales -nueve, todos menos uno- han accedido a dejar su acta si siguen imputados una vez se levante el secreto de sumario.
Camps, en el centro de la trama
La investigación del caso Imelsa apunta a que el “recaudador” de las cajas B del partido en la Comunidad Valenciana era el expresidente regional Francisco Camps. En mayo de 2015, en algunas de las grabaciones que transcendieron en la trama Imelsa, ya había indicios que vinculaban a Camps con el asunto.
Marcos Benavent, exdirigente del PP y Máximo Caturla, exvicepresidente de la Diputación de Valencia, ambos imputados ahora por el caso, hablaron en octubre de 2005 de “negociar con Paco” [presuntamente Camps] para ampliar su radio de acción a “las consejerías, secretarios generales, directores generales, gerentes de empresas...”. Si se consigue, seguirán “triunfando”, dicen.