Tres campañas electorales del PSPV-PSOE supuestamente pagadas con mordidas de la trama del 'caso Azud'. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que varias empresas contratistas de administraciones controladas por los socialistas abonaron un total de 332.588 euros mediante firmas pantalla.
Así se desprende de un informe del Instituto Armado incorporado a la pieza 7 del 'caso Azud' que estaba bajo secreto de sumario. Se trata de las elecciones municipales del 2007 en la ciudad de València, con Carmen Alborch de candidata, así como de las autonómicas de ese mismo año y de las generales del año siguiente. En la primera de las campañas, en las que la popular Rita Barberá barrió a los socialistas, la trama abonó 261.771,08 euros a través de Gigante Edificaciones y Obras, Sitra y Construcciones Luján, una constructora que estuvo implicada en el 'caso Taula'.
En las elecciones generales del 2008, la mercantil Facsa pagó 70.817 euros a la sociedad Cronosport para la adquisición de material electoral del PSOE. Se trataría de pagos por materiales de mercandishing, según la UCO.
Detrás de estos pagos, los investigadores aluden a “operativas” para “encubrir el origen delictivo de los fondos” como la firma de contratos simulados, la emisión de facturación ficticia, la interposición de empresas pantalla o la simulación de prestación de servicios.
El informe de la UCO indica que José María Cataluña, exresponsable de finanzas del PSPV-PSOE, jugó un “papel nuclear” y que incluso habría continuado ejerciendo sus funciones después de dejar el cargo en 2004. Cataluña, junto con el abogado José Luis Vera, se habrían dedicado a la “obtención de fondos cuyo destinatario sería el PSOE”.
La pieza 7 del 'caso Azud' continúa las pesquisas de la UCO sobre el proyecto urbanístico que la trama tenía entre manos en Xixona. Sin embargo, los investigadores de la Guardia Civil han estirado del hilo gracias a la documentación intervenida en el registro de la vivienda de José María Cataluña.
El informe de la UCO reseña actuaciones urbanísticas sospechosas en Bétera (Valencia) y Pego (Alicante) y desembolsos de empresas “en beneficio del PSOE” que “aparentemente” se justifican por actuaciones en el seno de Acuamed, uno de cuyos responsables de la época, el socialista Joan Navarro, figura como investigado en la causa.
El proyecto urbanístico en Xixona “no habría sido una actuación aislada”, indica la Guardia Civil.