Reclasificar el suelo del barrio valenciano de Benimaclet donde está proyectado el PAI Benimaclet Este para así “poner el contador a cero” y que no se edifiquen viviendas tendría un coste para el Ayuntamiento de València de 11'5 millones de euros, según un informe de la Universidad.
La otra posibilidad sería, si se optara por urbanizar la zona, que se edificara solo un tercio o un cuarto (entre el 25 y el 40 %) de lo previsto inicialmente, lo que implicaría pasar de las 1.345 viviendas que proyecta Metrovacesa a unas 350 viviendas, pues con estas ya habría un “generoso beneficio empresarial para los promotores”.
El estudio, que se ha presentado este jueves, ha sido elaborado por tres profesores del Departamento de Derecho Administrativo de la Universitat de València y un profesor de la Universitat Politècnica de València a petición de dos colectivos del barrio, la asociación vecinal y Cuidem Benimaclet.
El profesor de la UV Andrés Boix ha señalado que jurídicamente no hay “ningún problema” para cambiar la clasificación de esos terrenos, lo que conllevaría a las arcas públicas un coste de 11'5 millones (resultante de restar a los 14'3 millones de las expropiaciones de la Ronda Norte 2'8 millones de beneficios de operaciones urbanísticas en este sector).
En ese cantidad no figuraría una indemnización a Metrovacesa, o una “muy reducida”, pues lo único que han hecho hasta ahora ha sido el proyecto que han presentado al Ayuntamiento, según los autores del estudio, que han precisado que, para reducir la edificabilidad, habría que revisar el PGOU de València.
Estas cifras contrastan con las que maneja un informe del Ayuntamiento de València según el cual, la no ejecución del plan urbanístico arrojaría un coste económico para la administración cercano a los 20 millones de euros.
Boix ha señalado que se tiene la oportunidad de “hacer las cosas bien”, como se hizo con el viejo cauce del Turia o con la Fachada marítima de València, y “salvar” en Benimaclet la conexión de la huerta con la ciudad, y ha animado “repensar” el modelo de ciudad que se quiere para el futuro.
Además, ha abogado por recuperar el protagonismo público sobre los procesos de urbanización, con una gestión directa y una recuperación efectiva por parte de los poderes públicos de cómo se diseña la ciudad y dónde y cómo se construye, algo que en las últimas tres décadas se ha dejado en manos privadas.
También ha hecho hincapié en que no existe necesidad de tantas viviendas, pues cuando se hizo el PGOU de València de 1989 se estimó que la ciudad contaría en 30 o 40 años con 300.000 habitantes más, pero en tres décadas ha crecido en 10.000 personas y la mayoría de bolsas de suelo no se han desarrollado.
La Asociación vecinal de Benimaclet defiende que se haga el PAI de Benimaclet pero con una edificabilidad menor y con una gestión directa de la Administración, y Cuidem Benimaclet aboga por la desclasificación y que no se construyan viviendas, si bien ambas van de la mano en la defensa del barrio.
Han explicado que ayer se reunieron con el vicealcalde Sergi Campillo, quien ha pedido tiempo para estudiar los documentos que le entregaron y se ha comprometido a hablar con el equipo de gobierno local, y han señalado que están a la espera de que les “abran la puerta” del departamento de Urbanismo.