La Universitat de València (UV), según han confirmado fuentes de la institución a este diario, está recabando información sobre la documentación que presentó el policía infiltrado en movimientos sociales valencianos para matricularse en el primer curso del grado de Trabajo Social del curso 2020-2021. A pesar de que no figura ninguna denuncia, la institución universitaria ha abierto un expediente informativo, en función de cuyas conclusiones se aportará a la Delegación del Gobierno en Valencia. “En función del resultado de la información, tomaremos una decisión u otra”, señalan las mismas fuentes.
El agente de la Policía Nacional, según ha destapado La Directa, estuvo dos años infiltrado en diversos movimientos vecinales del barrio de Benimaclet bajo la identidad encubierta de Ramón Martínez Hernández.
El joven se presentó como oriundo de l'Hospitalet de Llobregat y empezó a participar en Cuidem Benimaclet, que agrupa a entidades del barrio. La investigación de La Directa ha logrado acreditar la identidad real del infiltrado mediante un informe pericial fisionómico.
Durante el verano del 2020, el agente infiltrado se incorporó a tres colectivos del Centro Social Okupado y Anarquista (CSOA) L'Horta, a través de los cuales mantuvo amistades en el entorno del barrio, donde todos los activistas se conocen en mayor o menor medida.
El 'topo' participó en varias protestas, como la manifestación por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, que se saldó con graves disturbios en el centro de Valencia. Gracias a sus estudios en Trabajo Social, el policía logró integrarse en colectivos que atienden a poblaciones desfavorecidas.
Varios sindicatos estudiantiles habían solicitado a la rectora de la UV una investigación interna. El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha pedido en una carta remitida a la rectora, Mavi Mestre, que “se apliquen todas las medidas administrativas, políticas y judiciales necesarias para determinar las responsabilidades y garantizar que unos hechos intolerables no se vuelvan repetir”.
El sindicato A Contracorriente ha criticado la infiltración policial como “una forma de represión” que vulnera el derecho a la manifestación. Por su parte, el Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA) considera que, con la infiltración policial“ se intenta ”controlar con prácticas antidemocráticas la libertad de asociación y de expresión“.
Con ocasión de la infiltración de otro agente en los movimientos independentistas catalanes, también destapada el año pasado por La Directa, la Universitat de Barcelona, en la que se había matriculado, encargó a sus servicios jurídicos el análisis del caso para “identificar y confirmar posibles irregularidades”.