Desde el martes 4 de noviembre, el Banco Central Europeo BCE pasa a ocuparse de la supervisión y control de las 128 entidades bancarias de mayor tamaño de la Unión Europea UE, de las cuales 15 corresponden a España. Estos 14 bancos privados (algunos son el resultado de la transformación de cajas de ahorros) más una cooperativa de crédito (Cajamar) representan el 90% del conjunto del sistema bancario español y se trata de aquellas entidades que poseen unos activos totales superiores a los 30 mil millones de euros o un 20% del PIB del país de origen o que han recibido fondos procedentes del Mecanismo Europeo de Estabilidad MEDE. Todas estas entidades han de mantener un nivel de capitalización del 8% (o del 5,5% en el caso del escenario desfavorable, que es el que se aplica a España) y una calidad mínima de sus activos crediticios, lo que se demuestra con las pruebas de estrés (AQR) que la Unión Europea realiza periódicamente. ¿Significa esto que los bancos españoles están ya saneados y fuera de peligro?.
Si nos atenemos a las tasas de morosidad, la situación sigue siendo realmente preocupante, pues la tasa media para los bancos españoles continua por encima del 13% y en algunas de las entidades (Popular y Cajamar) están por encima del 14%. Además, los bancos españoles con menores tasas de morosidad, según el BCE van a tener que dotar provisiones hasta el año 2016 por un valor de 84.700 millones de euros, de los cuales 40.900 corresponderan al Grupo Santander y 18.800 al BBVA. Si consideramos la capacidad para conceder créditos bancarios podemos observar cómo también los datos son negativos, pues según el Fondo Monetario Internacional, el 40% y el 70% respectivamente de los activos bancarios de la UE y de la zona euro no son lo bastante fuertes para dar crédito en apoyo de la recuperación económica; y todo ello después de un rescate bancario europeo de más de 600.000 millones de euros (más de 40.000 en el caso de España). Y si tenemos en cuenta los niveles de rentabilidad de la banca, nos encontramos con que según la Autoridad Bancaria Europea EBA, casi el 40% de los bancos europeos han tenido en el 2013 una rentabilidad sobre los recursos propios (REA) inferior al 4%, porcentaje que se considera insuficiente para poder captar capital en los mercados con suficientes garantías.
Pero en el caso de España, otra de las cuestiones preocupantes es qué va a pasar con el otro 10% del sistema bancario español que va a seguir supervisando el Banco de España. Este porcentaje corresponde principalmente a la banca social española de pequeño tamaño que ha sobrevivido a la crisis financiera, esto es, las dos cajas de ahorros que no se han transformado en bancos (Caixa Ontinyent en Valencia y Caixa Pollença en Baleares) y las 63 cooperativas de crédito y cajas rurales agrupadas en diferentes modelos o grupos cooperativos (Laboral Kutxa del Grupo Mondragón, Grupo Caja Rural y Grupo Cajas Rurales Unidas perteneciente a Cajamar). Se trata de bancos de proximidad, muchos de ellos de ámbito local, que desempeñan una función clave en la financiación de la economía productiva de los territorios y que revierten una parte de sus beneficios económicos en beneficios a la sociedad. Una estructura similar a estos grupos existe también en varios países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, donde las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito sobreviven y son apoyados de manera contundente por el Bundesbank.
Pero, ¿cuál es la actitud que van a tomar Ministerio de Economía y Banco de España frente a estas pequeñas entidades bancarias?. El sector ha demostrado que es solvente y rentable incluso dentro de un entorno desfavorable como el actual, pues no han necesitado dinero público y mantienen unos niveles de solvencia y de capitalización suficientes y unas tasas de morosidad muy inferiores a las de la media de la banca en España, porque en su gran mayoría se han dedicado a conceder créditos a la producción y al emprendimiento y no al sector inmobiliario y de la construcción.
Sin embargo, las medidas tomadas por el Ministerio apuntan a las fusiones y absorciones como operaciones que habría que realizar en estos sectores e incluso han amenazado con una regulación que las obligaría a bancarizarse, al igual que han hecho con las cajas de ahorros. Desde nuestro punto de vista, estas no son las medidas hacia las que habría que apuntar, porque supondría la desaparición de ese 10% de banca social que aún existe en España y que tan importante es para la economía productiva. Por el contrario, habría que afianzar la posición de estas entidades bancarias, monstrando un apoyo claro, al igual que se está haciendo en otros países europeos como Alemania.