José Joaquín Ripoll es desde este jueves una persona en el limbo político. El Partido Popular, como marca el procedimiento interno, ha suspendido su militancia por su procesamiento en la pieza separada del caso Brugal que investiga un supuesto amaño de contratos para la concesión y explotación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.
De facto, Ripoll hace cinco años que perdió su peso político en el PP alicantino tras abandonar la presidencia de la Diputación de Alicante y el acta como concejal en 2011 y al dejar de ser el presidente provincial de los populares, un cargo que asumió en interregno Miguel Ortiz antes de que José Ciscar ganara el cargo en una especie de primarias en las que los militantes le dieron un respaldo a la búlgara con más del 95 por ciento de los votos.
Ripoll por tanto, han matizado fuentes del PP, ya no es un militante “activo”, ya no lo era desde 2011, aunque ahora lo es formalmente tras la decisión que debe adoptar de manera “automática” el Comité de Derechos y Garantías y en cualquier caso no será expulsado mientras no exista una condena firme. Es decir, sigue en el limbo político. No, pero sí.
La terminología es importante en estos casos, y desde el PP valenciano, con la que está cayendo, han subrayado que Ripoll ya no es militante “activo institucional” desde que perdió la presidencia de la Diputación y que dejó de ser militante “activo orgánico” cuando perdió la presidencia provincial del PP.
Por cierto, la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, se apartó sola del PP cuando respaldo en las pasadas elecciones la candidatura de la expresidenta popular oriolana, Pepa Ferrando. En su caso, el mero hecho de respaldar a un candidato no popular implicaba automáticamente la pérdida de militancia, según explicó el expresidente regional, Alberto Fabra.