El Gobierno de España ha enviado una carta de apremio a la Comunitat Valenciana, Andalucía y Canarias para que paguen su parte de responsabilidad en la denuncia interpuesta el pasado mes de julio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al haber comprobado que 17 municipios españoles con más de 15.000 habitantes no disponían de sistemas colectores ni de tratamiento de las aguas residuales urbanas.
El montante total de la sanción es de 12 millones de euros, que ya han sido adelantados por el Estado. Ahora, apremia a otras administraciones a que abonen su parte derivada de la infracción: 8,6 millones los pagará el Ministerio de Transición Ecológica; 1.998.000 euros la comunidad andaluza; 502.000 euros la Comunidad Valenciana y poco más de 720.000 Canarias. El pago se corresponde al número de plantas afectadas por la contaminación de las aguas residuales.
Además y por el retraso en la asunción de responsabilidades, el Reino de España deberá abonar 11 millones de euros más de multa coercitiva cada seis meses, aunque el Gobierno ha pactado con la Comisión Europea reducir esa cantidad según vaya solucionado los problemas en las depuradoras deficitarias, al menos hasta 2022, según contó eldiario.es.
En caso de no pagar de manera urgente -tienen 15 días para alegar-, el Gobierno avisa a las autonomías de que “la compensación, deducción o retención se llevará a cabo con cargo a los recursos o flujos satisfechos por el Estado en la financiación autonómica o a las transferencias, subvenciones y otras asignaciones de carácter finalista contempladas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en mecanismos extrapresupuestarios”.
La primera sentencia de 2011, que finalmente fue definitiva el pasado mes de julio, concluyó entonces que España había incumplido las obligaciones de la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales, por no llevar a cabo ni la recogida ni el tratamiento de las aguas residuales urbanas con más de 15.000 habitantes.
El expediente europeo se refería a 17 aglomeraciones urbanas de las que ocho ya están en marcha. Del resto, según explicó el Gobierno, “cinco entrarán en funcionamiento a lo largo de 2018 o, como máximo, en el primer trimestre de 2019”: Alhaurín el Grande, Coín, Isla Cristina, Nerja, (Andalucía), Gijón Este (Asturias) . Sin embargo las de Matalacañas (Huelva) y la de Valle de Güimar (Tenerife) ya se irán hasta 2020, según las mismas fuentes.
Los jueces reconocieron “los esfuerzos significativos” de España para reducir el número de municipios no dotados de sistemas colectores -pasó de 43 a 17- y de tratamiento de esas aguas, pero consideraron como “circunstancia agravante” el carácter prolongado de la infracción cometida.
Durante el litigio España argumentó que ya están también en regla Estepona (San Pedro de Alcántara), Valle de Güímar, Noreste (Valle Guerra), Aguiño-Carreira-Ribeira, Vigo, Santiago de Compostela, Benicarló -en la imagen-, Peñíscola y Teulada-Moraira.
Por todo ello, los jueces consideraron “pertinente” imponer a España una multa coercitiva y una suma a tanto alzado.
Sobre la primera sanción de 12 millones, los jueces justificaron su aplicación por el número de municipios afectados y los muchos procedimientos por incumplimiento contra España y opinaron que es una medida “disuasoria” que evitará que se repitan infracciones similares en el futuro.