El alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento apuesta por que las naves de Saïdia -donde se pensaba construir tras su derribo un macrohotel- tengan un uso público y, con este fin, ha pedido tener una reunión con la propietaria para iniciar “negociaciones”. En esta línea, el pleno del consistorio ha acordado esta jornada trabajar para modificar la planificación urbanística y posibilitar que se conviertan en servicios para los vecinos de la zona.
El primer edil ha dado a conocer su planteamiento, en declaraciones a los medios antes de la sesión plenaria, en la que el PP ha presentado una moción urgente referente a esta cuestión. Finalmente, ha salido adelante una alternativa presentada por el ejecutivo -Compromís y PSPV- a la que se han sumado los populares y que ha contado con el respaldo mayoritario de la corporación.
El PP, que ha expresado su rechazo al derribo y ha defendido que estas instalaciones alberguen dotaciones para los vecinos, ha remitido esta semana un escrito a Desarrollo y Renovación Urbana para solicitar la paralización del derribo de las naves, “como medida cautelarísima ante la inminencia de la entrada de las excavadoras al solar, este viernes”, como ha manifestado su portavoz, María José Catalá.
El PP, que ha enviado otro escrito a la Comisión de Patrimonio municipal para no abordar la demolición hasta no tener los informes pedidos, ha instado a “escuchar a los vecinos”, que se oponen también a la construcción del macrohotel.
Este jueves, durante el pleno, se ha conocido que Desarrollo y Renovación Urbana, dirigido por la vicealcaldesa y portavoz socialista, Sandra Gómez, ha emitido una resolución con la que deniega el permiso para derribar las naves solicitado como declaración responsable. En el documento, consultado por Europa Press, se declara la extinción de los efectos que hubiera podido producir la declaración responsable presentada el pasado 14 de diciembre para la demolición.
En concreto, el servicio de urbanismo ha decidido “desestimar la solicitud de modificación del procedimiento de concesión de licencia a declaración responsable, para la demolición para una nave industrial ubicada en la calle Guala, 3, por no ajustarse a las condiciones y criterios necesarios establecidos en los fundamentos anteriores” y “declarar la extinción de los efectos que hubiera podido producir la declaración responsable”.
Gómez apostó este miércoles por lograr “un acuerdo de gobierno” en el consistorio y conseguir que estas construcciones “sean una dotación pública”. Así instó, más allá del debate sobre la protección de las naves, a “dar un paso más allá” y consideró que se debería “valorar y tomar otras decisiones como llegar a un acuerdo de negociación con la propiedad para que esas naves sean una dotación pública”.
El alcalde ha reiterado este jueves que hace unos días envió una comunicación para que se pararan todas las actuaciones referidas a estas construcciones hasta tener todos los informes solicitados sobre su valor por parte del servicio municipal de Patrimonio Histórico. Asimismo, ha explicado que como el barrio en el que se encuentran, en el distrito de Saïdia, “tiene muy pocas dotaciones públicas”, se ha pensado “que es importante reconducir las naves a dotaciones públicas, como tercera edad o centros de día”.
En este sentido, Ribó ha informado de que ha solicitado una entrevista con la propiedad de las naves -“a poder ser la semana que viene”, ha remarcado- “para iniciar las negociaciones, hacer un cambio de dotación y poder trabajar en esta dirección”.
“El barrio se lo merece, lo necesita y creo que tenemos que trabajar en esta dirección para que haya al final un elemento patrimonial”, sea declarado Bien de Relevancia Local o no, ya que “lo fundamental es que estas naves pasen a tener dotación pública”. Así, ha apostillado, se atiende la solicitud de los vecinos y “las necesidades del barrio”.
“Compensación”
Preguntado por posibles compensaciones a la propiedad, el alcalde ha manifestado: “Es evidente que tendremos que hablar de compensación y por eso hablo de negociación. Está claro, pero es algo que se ha hechos otras veces en este Ayuntamiento y es perfectamente factible”, ha zanjado.
Durante el debate de este asunto en el pleno, a partir de la moción de urgencia presentada por el PP, han intervenido representantes de los vecinos de San Antonio que insistido en la necesidad de parar los derribos y han reclamado para “el séptimo barrio más poblado” y “uno de los que menos dotaciones” públicas tiene este tipo de servicios, entre ellos, centro de mayores y jóvenes, escoleta y biblioteca.
Estos ciudadanos han dicho que acudían al pleno “para salvar” estos edificios “testigos de un pasado industrial” y vinculado a la huerta en los que han apuntado que se podrían situar los servicios que piden. Han agradecido la propuesta urgente del PP y han pedido que la decisión de Urbanismo y la alternativa del gobierno “no sean solo palabras”, además de valorar la “lucha vecinal” frente a “una actuación especulativa”.
En el debate, el edil popular Carlos Mundina ha agradecido la perseverancia de los vecinos y ha lamentado que el ejecutivo no atendiera hace “tres meses” la iniciativa del PP planteada ya en línea con lo acordado este jueves. No obstante, ha aceptado el nuevo planteamiento del ejecutivo y ha pedido que se tome este tema “en serio” y que no quede en “meras palabras”. “No continúen toreando a los vecinos”, ha exigido.
“Muy determinante”
Vox ha expresado a través del edil Vicente Montañez su abstención a la alternativa del gobierno porque, según ha dicho, no le inspira “credibilidad”. Desde Cs, Narciso Estellés ha valorado el “paso” y el “cambio” dado en favor de los vecinos, a los que ha agradecido su “lucha”.
El alcalde ha intervenido para resaltar que en la postura expresada ahora por el ejecutivo ha sido “muy determinante” que el de San Antonio sea un barrio con “falta de dotaciones” y de espacios para crearlas. Así, ha apostado, independientemente de la protección que puedan tener o no las naves, por plantear “una modificación en la planificación” urbanística para que esas edificaciones sean “servicios públicos en un futuro”.