“Necesitamos una ley que apoye al transporte interurbano y urbano de manera objetiva: una norma que respalde la movilidad pública en las áreas metropolitanas en función de su número de habitantes”.
El alcalde de València, Joan Ribó, ha subrayado este jueves el apoyo de nuestra ciudad a la iniciativa impulsada junto a las ciudades de Madrid, Barcelona, Zaragoza y A Coruña para el desarrollo de la movilidad en los entornos metropolitanos.
Los responsables de movilidad de los 5 municipios se han reunido en València, donde han presentado las directrices del anteproyecto de ley que pretenden que sea aprobado por el Congreso de los Diputados.
La propuesta consiste en la creación de un fondo estatal que financie adecuadamente a los municipios de más de 50.000 habitantes siguiendo criterios objetivos como el número de viajes, el total de kilómetros recorridos, la cobertura y la eficiencia.
Tal como ha recordado Joan Ribó, València y su área metropolitana suman un millón y medio de habitantes, lo que la convierte en la tercera área, y debería recibir las ayudas estatales en función de ello.
“Es una ley objetiva –ha añadido el alcalde- e imprescindible para desarrollar la movilidad sostenible en toda nuestra área metropolitana y para hacer frente a los acuerdos para prevenir el cambio climático”.
Ribó ha recibido esta mañana a los y las concejales de Movilidad de Madrid, Barcelona, Zaragoza y A Coruña, acompañado por el delegado de Movilidad Sostenible de València, Giuseppe Grezzi, quienes han presentado posteriormente la propuesta de financiación para el transporte público consensuada por las cinco ciudades, una propuesta que cuenta también con el apoyo de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) que aglutina a más de 80 entidades.
“Estamos ante una ley fundamental para València y para todas las grandes ciudades que yo espero que llegue pronto a las Cortes Españolas y sea aprobada”, ha afirmado Joan Ribó.
El alcalde ha recordado que Valencia lleva mucho tiempo trabajando este asunto, “y hemos tenido muchos problemas con entidades metropolitanas que existieron, que luego fueron disueltas, que ahora las hemos tenido que volver a crear”.
En principio, la propuesta presentada este jueves por los concejales de Movilidad de València, Giuseppe Grezzi; de Madrid, Inés Sabanés; de Barcelona, Mercedes Vidal; de Zaragoza, Teresa Artigas; i de A Coruña, Daniel Díaz, prevé que el fondo se dote anualmente en los Presupuestos Generales del Estado con “una cantidad económica suficiente que sirva para financiar parte de los gastos operativos de los transportes urbanos y metropolitanos así como proyectos de inversión por periodos no menores a tres años, con desembolsos anualizados”.
El anteproyecto de ley servirá para regular el régimen de financiación del servicio público de transporte colectivo urbano en el marco de las competencias atribuidas por la Constitución y las leyes a las diferentes Administraciones públicas.
Prevé además la creación de una comisión gestora para realizar la propuesta de liquidación con base en los criterios fijados para las subvenciones. Tal como han explicado los responsables de movilidad de las ciudades impulsoras, el Fondo deberá dotarse anualmente en los Presupuestos Generales del Estado “por un monto no inferior al 0,25 del PIB del año anterior” (equivalente este año a 2.500 millones de euros).
El fondo tendrá tres destinos principales: los transportes urbanos colectivos en municipios de más de 50.000 habitantes no agrupados en consorcios metropolitanos, los transportes urbanos y metropolitanos para los consorcios metropolitanos, y proyectos de inversión que promuevan directa o indirectamente la mejoría de la movilidad en los municipios solicitantes.
Las entidades locales o los organismos metropolitanos que pretendan acceder a las subvenciones deberán integrarse en un grupo entre seis opciones posibles, en función del número total de habitantes de su núcleo urbano o metropolitano: consorcios metropolitanos, y otros cinco grupos según número de habitantes (Grupo A, más de 2 millones de habitantes; Grupo B, entre 1 y 2 millones de habitantes, Grupo C, de 500.001 a 1 millón, Grupo D, de 100.001 a 500.000, y Grupo E, menos de 100.000 habitantes).
Se tendrán en cuenta, además de la población total receptora del servicio, las variables del total de viajes realizados en el sistema, el total de kilómetros recorridos, la cobertura geográfica, y la eficiencia del gasto operativo.