El reloj electoral ha empezado a correr y a falta de poco más de un año para los próximos comicios, los partidos que sostienen el Govern de la Nau en el Ayuntamiento de València (Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú) deben ir marcando distancias para lograr visibilizarse y encontrar un espacio propio.
Más allá de los desencuentros que se han producido a lo largo de la legislatura, la mayoría a cuenta de algunas decisiones en materia de movilidad (prohibición del aparcamiento nocturno en el carril bus o peatonalización de la plaza del Ayuntamiento), más por las formas que por el fondo de las mismas, uno de los socios, en concreto València en Comú, se está mostrando en los últimos meses más beligerante con sus socios de gobierno a cuenta de los grandes proyectos.
Una actitud que se ha incrementado exponencialmente desde la repentina salida del que fuera líder y portavoz de la plataforma, el independiente Jordi Peris, en julio del año pasado: “Podemos tiene una hoja de ruta para València en Comú y yo no soy parte de ella”, afirmó Peris antes de dimitir.
Y el tiempo parece que le está dando la razón. Tras su renuncia, y con Podemos controlando la plataforma, la concejala María Oliver asumió la portavocía y el liderazgo del grupo municipal y desde entonces la formación se ha desmarcado de Compromís y el PSPV-PSOE en asuntos como el hotel de la Marina de València, la ampliación de la CV-21, la Universidad Europea, las torres del Parque Central o la construcción de un nuevo pabellón Arena sufragado por Juan Roig para el Valencia Basket, pero también para todo tipo de grandes eventos.
A falta de decidir su candidato o candidata a la Alcaldía, València en Comú y su portavoz buscan así visibilidad y un espacio propio para la formación de cara a unas elecciones a las que podría concurrir con la marca de Podemos.
Proyectos en los que discrepa València en Comú
Pabellón Valencia Basket. La idea inicial de Juan Roig era comprar unos terrenos municipales ubicados cerca del actual pabellón de la Font de Sant Lluís. València en Comú fue el partido que más firmemente se opuso a esta fórmula al entender que la venta perjudicaba el interés general. Para la formación “el modelo más lógico y coherente es el de la concesión, en la que el ayuntamiento no perdería la propiedad del suelo y además es la fórmula más ágil para realizarlo”. La última oferta que se le ha realizado a Roig es una concesión por un plazo de 75 años.
Ampliación de la V-21. El proyecto no gustaba a ninguno de los partidos del Govern de la Nau. El Ayuntamiento llegó a mandar uno alternativo con menos afección en la huerta y más barato, pero València en Comú fue el que más en contra se mostró “al chocar frontalmente con el modelo de movilidad por el que apuesta este gobierno, que consiste en ganar espacio y hacer más transitable la ciudad para viandantes y ciclistas. Esta infraestructura no estaba justificada por razones ni técnicas ni sociales, que era invertir por invertir, alimentando una vez más la burbuja de infraestructuras de obra pública del país. Además, supone la destrucción de 80.000 metros cuadrados de huerta, con el impacto negativo para nuestro patrimonio natural y cultural”.
Universidad Europea. También ha sido la plataforma morada la que de momento ha frenado el proyecto al considerar que “la instalación no parecía oportuna en El Cabanyal en las condiciones propuestas. Suponía realizar una permuta en la cual estos solares, que son simbólicos y demasiado estructurales para el desarrollo de El Cabanyal, iban a quedar en manos privadas”. Por este motivo, propusieron ceder el suelo durante 75 años, en los que podían instalar la universidad a cambio de un acuerdo económico, “lo único que se puso como condición es que el interlocutor de la universidad fuera el Ayuntamiento y no un agente privado, algo que no aceptaron”.
Hotel en la Marina. València en Comú fue el único grupo que votó en contra de la instalación en el último consejo rector del Consorcio València 2007. El inmueble podría tener hasta 30 alturas y se plantea como una concesión por un máximo de 75 años a razón de unos 350.000 euros anuales a pagar en concepto de canon por la empresa que finalmente construya la instalación. Pese a todo, para la formación morada “tendrá un impacto paisajístico y urbanístico inaceptable para el delicado entorno del puerto antiguo y los Poblats Maritims. Se pretende construir en unos terrenos que son propiedad de la Autoridad Portuaria pero que, en virtud de un convenio, en 2013 fueron cedidos al Ayuntamiento de Valencia siempre y cuando se destinaran a un fin de interés público; si los terrenos volvieran a manos de la Autoridad Portuaria, los beneficios generados por el hotel corresponderían al Puerto”.
Torres en el Parque Central. El Ayuntamiento impulsó unas jornadas de reflexión y debate para dar a conocer el proyecto urbanístico vinculado al Parque Central tras las críticas de Podemos y València en Comú a las cuatro torres que flanquean la zona verde, proyectadas para financiar parte de la actuación del soterramiento de vías. La formación apuesta por replantear el diseño de los edificios y la avenida que cruzará el enclave para ganar en sostenibilidad.