La Abogacía de la Generalitat, sobre la universidad online que privatizó la candidata del PP en València: “Se encuentra en una situación irregular”

La Universidad Internacional de València (VIU), uno de los proyectos estrella del entonces presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, pudo estar funcionando desde 2008 de forma irregular al carecer de personalidad jurídica y, por tanto, de la independencia en la toma de decisiones y en la gestión como cualquier otra universidad. Este papel lo desempeñaba el patronato de la Fundación VIU, órgano que se creó para constituirla, una situación que arroja muchas dudas legales, tal y como remarcan diversos informes de los órganos oficiales de control de la Generalitat Valenciana.

Los estatutos de la fundación, en su artículo seis, establecen que constituye su fin “promover la creación de la Universidad Internacional Valenciana”. Por tanto, con la constitución de esta, la finalidad de la Fundación debería haber quedado satisfecha. Pero esta no solo siguió operativa, sino que actuaba de facto como órgano de gobierno de la VIU hasta el momento de su venta a finales de 2013, pilotada por la entonces consellera de Educación y presidenta del patronato de la Fundación, María José Catalá, ahora candidata del PP a la alcaldía de València.

De hecho, se constituye la fundación de la VIU sin tan siquiera haber sido dada de alta en el registro. Así lo asevera el informe de auditoria de 2008, que revela que, “solicitada la información del Registro de Fundaciones, con fecha 8 de mayo informan que a la mencionada fecha no se encuentra inscrita en el mencionado registro”.

Todo esto queda acreditado en el informe de la Abogacía de la Generalitat emitido el 2 de octubre de 2013 a petición de la dirección general de Universidades de la Conselleria de Educación, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que se advierte de que “en diversas ocasiones la Abogacía de la Generalitat ha puesto de manifiesto la necesidad de dar forma jurídica a la Valencia International University, en adelante VIU”.

El documento añade: “Aún cuando han transcurrido varios años desde su reconocimiento, la VIU se encuentra en una situación irregular, debiendo tener, por imperio de la ley, personalidad jurídica propia y diferenciada de la FVIU. Queda pendiente la determinación -y formalización- del tipo de persona jurídica concreta de la VIU”.

El informe establece los pasos a seguir por el Consell precisamente para que la Fundación dote de forma jurídica a la VIU por medio de su privatización, y deja patente que ha estado funcionando de forma irregular desde su creación.

Una valoración que comparte un informe jurídico solicitado por el entonces rector, ahora candidato de Vox a la alcaldía de València, Juan Manuel Badenas, al abogado Alfredo García-Petit Barrachina, sobre diversos acuerdos que adopta el 7 de marzo de 2013 el patronato de la Fundación por medio de los cuales prohíbe a la VIU adoptar nuevos contratos, obligaciones, compromisos o convenios más allá de los necesarios para el funcionamiento ordinario de la institución, debiendo someter cualquier decisión en este sentido a la supervisión de la Fundación.

El informe jurídico que Badenas remitió a Emilio Torrejón, de la Abogacía de la Generalitat, para su conocimiento, concluye que los acuerdos tomados por el Patronato de la Fundación VIU que hacen extensiva su capacidad de gobierno, también sobre la universidad “suponen una extralimitación competencial (…) y por ello son nulos de pleno derecho”. Además añade que “ni en los estatutos de la Fundación VIU ni en el artículo 13.4 del Decreto 65/2009 del Consell se atribuye al Patronato competencia alguna sobre las facultades de administración de la Universidad”.

Privatización cuestionada

Toda esta controversia jurídica pondría en cuestión incluso la decisión del patronato de la Fundación de privatizar la entidad sin contar con el visto bueno de la propia VIU, un proceso que el propio Badenas denunció en su momento.

La operación de privatización implicó el traspaso de activos desde la Fundación VIU por valor de 5,7 millones para crear una sociedad limitada y la posterior venta de un 70% de las participaciones por cuatro millones de euros al grupo Planeta. La institución había supuesto hasta ese momento un coste de 34 millones de euros para las arcas públicas y el año de venta, 2013, dio 752.00 euros de beneficio. En la actualidad, la exconsellera entonces y portavoz hoy del PP en València, María José Catalá, trabaja como profesora asociada de la VIU.

Como informó elDiario.es, tan solo 27 días después de que la mesa de contratación aceptara la oferta del grupo Planeta de 4 millones de euros, el valor de la VIU se disparó tras aprobar la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca) nuevas titulaciones.

Fuentes del Partido Popular han subrayado que una auditoría realizada por el gobierno de Ximo Puig en 2015 señala que el proceso de venta fue correcto y conforme a la normativa vigente. “Lo dice la propia auditoría del gobierno del Botànic, así que cualquier acusación de otros partidos sólo responde a una guerra sucia en periodo preelectoral”, afirman.