La Abogacía del Estado, sobre la permuta de concesiones a Boluda: “La Autoridad Portuaria de Valencia no procedió regularmente”

La situación del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, se complica a medida que se van conociendo los detalles de los informes de la Intervención del Estado y de la Abogacía del Estado, que ponen de relieve irregularidades muy graves en la permuta de concesiones aprobada a finales de 2018 a favor del naviero y presidente del lobby valenciano AVE (Asociación Valenciana de Empresarios), Vicente Boluda, quien además es miembro del consejo de administración de la APV.

Como consecuencia de estos informes, Martínez llevó a la reunión del consejo de este martes 29 de junio la aprobación del inicio de un procedimiento de lesividad, cuyo objetivo es anular el mencionado acuerdo al considerarlo lesivo para los intereses públicos.

En concreto, a finales de 2018 se aprobó rescatar la concesión de los astilleros de Unión Naval Valencia, propiedad de Boluda, a cambio de otra concesión en unos terrenos de 4.700 metros cuadrados a favor de Boluda Corporación Marítima para construir un edificio de oficinas de 13 alturas. Una causa por la que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas apreció posible responsabilidad contable.

Tal y como ha revelado elDiario.es, el informe de la Intervención del Estado pone de relieve hasta siete posibles irregularidades relacionadas con estudios irregulares, tasaciones indebidas, valoraciones incorrectas, concesión sin concurso público, incumplimientos normativos y negociación desigual, que dejan la terminal de cruceros y, por tanto, la ampliación del Puerto de València en el aire.

Pero si este documento es duro, el de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso este diario, no se queda corto. El documento se resume en cuatro conclusiones.

La primera tiene que ver con el posible conflicto de intereses al participar Boluda como consejero en la primera reunión en la que se trata el tema del rescate de su concesión de astilleros a cambio de una compensación en forma de nueva concesión. Aunque reconoce el conflicto, no lo considera determinante: “Sin perjuicio de su incorrección, la asistencia del vocal representante de la Asociación Valenciana de Empresarios al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia celebrado el 22 de junio de 2018, existiendo conflicto de intereses, no tiene por sí misma transcendencia invalidante”.

Mucho más graves son las otras tres conclusiones. La segunda de ellas considera que “la Autoridad Portuaria de Valencia no procedió regularmente, ya que debió realizar, a través de sus servicios competentes, las actuaciones necesarias para comprobar el cumplimiento por la sociedad Unión Naval de Valencia, S.A. de su obligación de conservar las obras e instalaciones en buen estado, así como para comprobar que la actividad que venía realizándose en la concesión se correspondía con el objeto de ésta según el título concesional”.

Y es que, el propio Puerto de València certifica mediante inspección realizada el 4 de febrero de 2016 que “la actividad principal que se desarrolla actualmente en las instalaciones es la de depósito y manipulación de contenedores vacíos y llenos pertenecientes al grupo de empresas Boluda, y la manipulación de carga rodada sobre plataforma, así como la realización de servicios comerciales asociados a la logística del contenedor como revisión de contenedores vacíos, reparación, mantenimiento y pintado”, es decir, nada que ver con el objeto de la concesión que es “la explotación de un astillero para la construcción y reparación de buques de más de 100 metros de eslora y actividades complementarias”.

Además, se constata que en 2018 la sociedad mercantil Alia Tasaciones S. A. califica el estado de conservación de las obras e instalaciones de Unión Naval de Valencia, de las rampas, de los varaderos, como “muy malo”, de las naves 2, 3, 4, 5 y 6, los almacenes 4, 6, 7, 8 y 10 como “malo”, los muelles tienen la calificación de Regular y los cerramientos de “bueno”.

En tercer lugar, la Abogacía destaca que “el acuerdo del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se dispuso el pago de la indemnización adeudada por el rescate a una entidad distinta de la que fue titular de la concesión extinguida por esa causa sin seguir la tramitación indicada en el fundamento jurídico IV, apartado A), del presente informe no es conforme a Derecho”. Es decir, que no procede aprobar la permuta de una concesión rescatada a Unión Naval de Valencia en favor de otra empresa diferente como Boluda Corporación Marítima, por más que sean del mismo grupo.

Por último, considera el informe que “el acuerdo del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se dispuso el otorgamiento, en sustitución de la concesión concedida por rescate y como pago de la indemnización derivada de éste, de una concesión de objeto distinto de la distinguida por dicha causa sin seguir la tramitación indicada en fundamento jurídico IV, apartado B), del presente informe no es conforme a Derecho”, puesto que el objeto de la concesión rescatada es construir barcos y el de la otorgada en compensación es la construcción de un edificio de oficinas.

Compromís, Podem y la Comissió Ciutat Port piden la dimisión de Martínez

Compromís, Podem València y la Comissió Ciutat Port han solicitado al presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, y al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que prescindan de Aurelio Martínez como presidente de la APV al considerar que “no actúa persiguiendo la mejora de los intereses generales sino la de algunos particulares”.

La coalición valencianista fue la última en pedir este martes la dimisión del responsable del Puerto de València al considerar que “la persona que lo gestione debe primar en todo momento los intereses de la ciudadanía, concretamente el de las personas que viven en la ciudad por encima de los intereses de empresas privadas como Boluda o MSC”.

Martínez, tras la reunión del consejo de este martes, descartó dimitir al asegurar que “todas las decisiones que se toman están avaladas por informes técnicos y jurídicos”, aunque aseguró que está a disposición de lo que decida el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, si existiera una pérdida de confianza hacia su gestión.

“El presidente Ximo Puig desde el primer día que me nombró ya le dije que fuera buscando un sustituto y por lo tanto tiene mi nombramiento a su disposición desde el primer día, como es razonable porque son nombramientos de confianza. Si él piensa que hay que sustituirme, ningún problema”, afirmó el responsable de la APV.