Acertadas ante notario las adjudicaciones de plazas en el Puerto de València a dos directivas del Consorcio afines al PP

El pasado mes de abril, en pleno proceso de liquidación del Consorcio Valencia 2007, entidad pública creada para gestionar la organización de la Copa América y el funcionamiento de la Marina, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) convocó un proceso para crear dos nuevas plazas fuera de convenio cuyas bases ya apuntaban a que dos cargos del propio Consorcio iban a tener muchas opciones de ser los adjudicatorios.

Tanto es así que hubo quien quiso dejar constancia ante notario 20 días antes de que finalizara el plazo para presentarse al concurso convocado por la APV de los nombres de las que finalmente fueron elegidas para los puestos tal y como recogen las actas notariales a las que ha tenido acceso elDiario.es.

Según el documento, “los aquí presentes quieren dejar constancia, antes de que dicho puesto sea adjudicado en virtud del referido proceso de selección, que tienen el firme convencimiento de que dicha plaza va a ser adjudicada a Manuela Gras”. La plaza a la que se refiere el escrito es la de subdirección de infraestructuras, instalaciones y conservación. La segunda acta contiene idéntico texto y afirma que la plaza, en concreto la jefatura de gestión económico-financiera, sería para Alicia Gimeno. En ambos casos se han cumplido las predicciones.

Tal y como ya informó elDiario.es en el mes de mayo, las propias bases de las plazas para ambos puestos ya hacían referencia a la situación en la que se encontraba el Consorcio.como elemento a tener en cuenta en la valoración del concurso de méritos.

La convocatoria generó malestar tanto en el seno de la APV como en el Consorcio Valencia 2007, al considerar que los perfiles que se requerían en ambos casos se asemejaban mucho a los de las entonces jefa de administración (Alicia Gimeno) y jefa de infraestructuras (Manuela Gras) del Consorcio, ambas en el cargo desde que se creó el ente en el año 2003 en la época de las mayorías absolutas del PP de Rita Barberá y con buena sintonía con los actuales dirigentes del partido en València, según diversas fuentes consultadas por este diario.

En el apartado de méritos, en ambos casos se podían lograr hasta 40 puntos “por cada año de experiencia adicional” a la exigida como requisito. En el caso de la subdirección de infraestructuras se pedían al menos “10 años de experiencia profesional en administración, organismo o ente de derecho público, realizando labores de jefatura de obras, conservación, dirección de proyectos y gestión de instalaciones , todo ello en un entorno puerto-ciudad”. Para esta plaza hubo cuatro aspirantes. En el caso de la jefatura de apoyo a la gestión económico-financiera también se pedía “un mínimo de diez años de experiencia profesional en administración, organismo o ente de derecho público, realizando funciones similares a las requeridas para este puesto”. En este caso se presentaron dos personas.

El malestar en el Consorcio se justifica en que una docena de empleados, muchos de ellos con alta cualificación, han perdido sus empleos una vez se la liquidación está en su fase final, si bien es cierto que hay un recurso judicial de los afectados por los despidos que ya se ha admitido a trámite con el proceso de liquidación y disolución del ente y otra contra la adjudicación de una concesión a un operador privado para gestione una parte importante de la Marina de València y los amarres.

Denuncia de UGT

El pasado 26 de septiembre la sección sindical de UGT-Autoridad Portuaria de Valencia (UGT-APV) presentó tres demandas en los juzgados de Valencia con el fin de impugnar actos administrativos relacionados con la selección de personal.

Los procesos cuestionados corresponden a las siguientes posiciones:  jefe/a de apoyo a gestión económico-financiera; subdirector/a de gestión de dominio; y subdirector/a de infraestructuras, instalaciones y conservación.

Esta demanda culmina un proceso que se inició el 24 de junio de este año, cuando, UGT-APV registró reclamaciones previas ante el ente público, exigiendo la anulación de las bases de estos procesos selectivos. Tras ello, y ante la falta de respuesta y el silencio administrativo del organismo demandado, la sección sindical se ha visto obligada a recurrir a la vía judicial para hacer valer sus derechos.

Las reclamaciones de UGT-APV subrayan una supuesta falta de cumplimiento de principios fundamentales como el mérito, la capacidad y la igualdad. Según la denuncia, los procesos de selección se han llevado a cabo con criterios que favorecen a determinados perfiles, dejando de lado a otros aspirantes que podrían cumplir con los requisitos necesarios como el propio personal que trabaja en la APV.

Con esta acción, UGT-APV busca no solo la anulación de las bases impugnadas, sino también asegurar que los procesos de selección en la Autoridad Portuaria de Valencia se realicen de manera justa y transparente, garantizando así la igualdad de oportunidades para todas las personas que se quieran presentar como futuros candidatos/as.

De este modo, la sección sindical reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, enfatizando la importancia de que los futuros procedimientos se realicen con total transparencia y equidad, para lo cual, recuerda, “estará siempre vigilante”.