El futuro del nuevo estadio del Valencia CF atraviesa un momento clave. Los plazos fijados en la Actuación Territorial Estratégica (ATE) empiezan a tambalearse sin que el club haya trazado una hoja de ruta clara para reiniciar las obras, tras fracasar el último intento de la Cooperativa ADU y al Ayuntamiento se le ha agotado la paciencia.
Como viene informando eldiario.es, la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, ya ha dejado muy claro que el Ayuntamiento no otorgaría en ningún caso una nueva recalificación al club y que si, tal y como prevé la ATE, el nuevo estadio no está acabado en mayo de 2021, el viejo Mestalla derribado en 2023, y los edificios de viviendas levantados en 2025 en la parcela de la avenida de Aragón, será el Ayuntamiento el que inste a derribar la estructura del coliseo de Cortes Valencianas o sacará la finalización de las obras a concurso, repercutiendo el coste al Valencia CF.
El alcalde de València, Joan Ribó, también ha avalado la postura de Gómez y ha insistido en que el Valencia CF debe cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudad y contemplados en la ATE.
La finalización del nuevo estadio fue uno de los puntos clave que más se valoraron durante el proceso de venta del club a un inversor. El entonces presidente de la entidad, Amadeo Salvo, junto al de la Fundación, actualmente presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, lideraron este proceso y avalaron la propuesta de Meriton Holdings, compañía del magnate de Singapur Peter Lim, como la mejor para la entidad, entre otras cuestiones porque garantizaba una importante reducción de la deuda unida a la finalización de las obras del estadio en la avenida de las Corts Valencianes en el año 2019 (ver vídeo de Aurelio Martínez).
Un año después de la fecha marcada entonces, las obras ni siquiera se han reiniciado y el club está muy cerca de incumplir los plazos de la ATE, lo que le impediría vender los terrenos actualmente edificables del estadio de Mestalla, en la avenida de Aragón, valorados antes de la pandemia por entre 110 y 150 millones de euros.