“El Ayuntamiento de València, conforme a su propia justificación, adoptó la decisión política con relación al régimen retributivo de los miembros de la corporación de no perjudicar a los miembros de la oposición manteniendo el régimen de dedicación exclusiva. Pero para mantener las retribuciones de los miembros del equipo de Gobierno, 8 teniendes de alcaldía con dedicación parcial del 75% compatibilizaron las retribuciones por dicha dedicación con el reconocimiento de un complemento de especial responsabilidad, que completaba sus retribuciones hasta el 100% de la dedicación exclusiva”.
Así se ha pronunciado la Agencia Valenciana Antifraude en un informe en el que concluye que el Ayuntamiento de Valencia vulneró entre 2015 y 2019 las limitaciones retributivas que marca la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
En concreto, por medio del mencionado complemento de especial responsabilidad se abonó un total de 772.500 euros en ese periodo a los concejales de Compromís Consol Castillo, Sergi Campillo, Giuseppe Grezzi, Pilar Soriano, Glòria Tello; del PSPV, Sandra Gómez y Vicent Sarrià; y María Oliver por parte Podem.
Esta ley pretende limitar el gasto en las entidades locales y especifica que una parte de los concejales debe tener obligatoriamente dedicación parcial y, por tanto, un salario menor al del resto de concejales. En el caso de València, esta dedicación parcial se debía aplicar ocho de los 33 que conforman el hemiciclo municipal y se acordó que fuera a los tenientes de alcaldía, con mayor retribución que los de la oposición.
“Este sistema retributivo establecido, formalmente acreditaba que no se sobrepasaba el límite legal de 25 concejales con dedicación exclusiva, pero de facto su efecto práctico fue que el Ayuntamiento retribuyó a 31 concejales durante la legislatura 2015-2019 el mismo importe en términos cuantitativos que el fijado por el pleno para los regidores con dedicación exclusiva. Lo que materialmente puede implicar el incumplimiento del límite de cargos públicos con dedicación exclusiva”, dice la resolución.
El escrito de la Agencia añade que “con una interpretación que violenta la voluntad expresada en la norma, de cumplir de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales que es en definitiva el objeto de la ley 27/2013 de 27 de diciembre, y para ello, en los referente a las retribuciones de los cargos electos estableció diversas limitaciones, tanto en el número máximo de concejales con dedicación exclusiva como en el importe de las retribuciones de los mismos”.
Sin embargo, “respecto a ese complemento de especial responsabilidad ni se motivaron, ni se detallaron, ni se han acreditado las competencias y responsabilidades especiales de los tenientes de alcalde en esa legislatura que justificaran la aplicación del complemento”.
La Agencia afea además que “no se ha acreditado de qué servicio partió la iniciativa” ni tampoco “se ha explicado las causas que llevaron la modificación del régimen de retribuciones para los cargos electos” del presente mandato, y afirma que la Fiscalía hasta el momento “no ha abierto diligencias de investigación penal”.
El alcalde de Valencia ha anunciado este viernes, al ser preguntado tras la Junta Extraordinaria de Portavoces, que el Ayuntamiento presentará alegaciones a la Agencia Valenciana de Antifraude sobre la que ha dicho que «está interpretando la ley de forma muy estricta y debería de replantearse».