El pleno del Ayuntamiento de València celebró este lunes el debate por este de la ciudad en el que los problemas relacionados con el turismo y la vivienda centraron gran parte de las intervenciones de los diferentes portavoces municipales, así como de las diferentes entidades sociales y vecinales que participaron.
En esta línea, la alcaldesa de València del PP, María José Catalá, realizó diferentes anuncios encaminados, por un lado, a controlar la oferta ilegal de apartamentos turísticos, y por otro, a aumentar el parque de viviendas, tanto de renta libre como protegidas: “El turismo es un sector fundamental para la economía de nuestra ciudad. Aporta el 15% al PIB. Por tanto, hay que cuidarlo. Pero también tenemos claro que esta ciudad no puede morir de éxito”, dijo la acaldesa.
Según la primera edil, es necesario “ordenar el turismo y apostar por un turismo de calidad que respete y cuide nuestra ciudad, que ponga al vecino primero y en el centro de todas las decisiones; y esto merece de nuevo nuevas políticas que cuenten con el mayor consenso, porque la convivencia vecinal, y cuidar y proteger nuestra ciudad, dependen de ello”.
Catalá ha detallado en su intervención que “el 75% de todas las viviendas turísticas se dieron de alta durante las dos legislaturas anteriores, y no solo eso, sino que, hasta ahora, no se había hecho nada para frenar la proliferación de apartamentos turísticos”.
Incremento de la inspección
Según la alcaldesa, “este Gobierno ha sido el único que ha puesto el cascabel al gato y ha decretado una moratoria de apartamentos turísticos para poder ordenar el sector y dar seguridad jurídica; además, hemos aprobado la prohibición total de nueva vivienda turística en prácticamente toda Ciutat Vella porque este gobierno sí que quiere un centro vivible”.
En cuanto a la actividad irregular, “aquella que se dejó acampar a sus anchas durante años”, el actual Gobierno municipal ha creado cuatro equipos de inspectores “para poner coto a quien opera al margen de la legalidad”.
La inspección de apartamentos turísticos se ha incrementado un 454%: “En el primer semestre 2023 hubo 48 inspecciones. En el primer semestre 2024 ha habido: 266 inspecciones. La actividad policial contra los apartamentos turísticos ilegales ha pasado de 73 actas en 2022, a 449 en lo que llevamos del 2024. Y ya se han emitido 278 órdenes de cese”.
La primera edil anunció que “el Ayuntamiento ordenará a las empresas suministradoras el corte de la luz, agua y otros suministros de los piso turísticos ilegales”. Además, aseguró que van a solicitar al Consell las competencias para sancionar a los pisos turísticos ilegales, que se podrán enfrentar a multas de hasta 600.000 euros.
En relación a la llegada de cruceros a Valencia dijo que “es necesario buscar un equilibrio y en eso estamos trabajando”. Por ello, comentó que “se va poner en marcha un Grupo Permanente de Trabajo de Cruceros entre el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y el sector para ordenar el tráfico de cruceros” con el objetivo de diseñar “una estrategia de sostenibilidad social y medioambiental compartida de cruceros y velar un turismo de cruceros de calidad, buscando la desestacionalización de las escalas, la distribución del flujo de cruceristas en destino y la planificación” y en esta línea explicó que van a priorizar “aquellos buques que utilicen Valencia como puerto base, es decir que hagan noche en la ciudad, y, por tanto, que generen un mayor impacto económico para la ciudad”.
En cuanto a la vivienda, Catalá anunció “una nueva bolsa de suelo en Benimàmet donde se podrán construir más de 4.600 viviendas, de las cuales casi 1.000 será de protección pública”. Este nuevo desarrollo urbanístico está conformado por 402.675 metros cuadrados y con edificabilidad de 461.266 metros cuadrados de techo.
Compromís y el PSPV piden prohibir los apartamentos
Al respecto, la portavoz de Compromís, Papi Robles, alertó de que “los apartamentos turísticos ilegales proliferan sin control” y acusó a Catalá de poner los intereses de los promotores por encima de las necesidades ciudadanas: “Hace más de un año le pedimos una moratoria de apartamentos turísticos, pero usted la puso en marcha un año después. Una 'pensaeta' de un año. Y desde la puesta en marcha de la moratoria, tenemos más de 800 nuevos apartamentos turísticos”, denunció.
En este sentido, Papi Robles lanzó “una propuesta clara y valiente”: prohibir los apartamentos turísticos, como lo han hecho Nueva York y Amsterdam, en la próxima modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La portavoz valencianista señaló otras 'pensaetes' de Catalá como prohibir los cruceros en 2026 que es cuando empezarán las obras de la ampliación del puerto que les impedirá entrar: “Están tan comprometidos contra los megacruceros que montan actos falleros a los pies de dos megacruceros”.
También criticó la negativa del Gobierno del PP y Vox a establecer la tasa turística con la que València hubiera podido recaudar 12 millones de euros en un año para destinarlos a mejorar los servicios públicos. “Si su modelo es un turismo descontrolado, todo para los turistas y nada para los locales, señora Catalá, le hago una sugerencia: sea alcaldesa de Cancún”, dijo Papi Robles.
El portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, comentó que “lo primero que tiene que decir el Gobierno municipal es si quiere o no apartamentos turísticos en la ciudad” añadió que los socialistas proponen “prohibir todos los apartamentos turísticos de la València” y añadió: “No puede ser que mientras te están cobrando 1.500 euros por un alquiler en cualquier barrio haya apartamentos turísticos en los que podría haber vecinos y vecinos y el Ayuntamiento hoy no está por esas, tampoco la Generalitat que esconde en su decreto una amnistía para todos los apartamentos turísticos que no cumplen las normas urbanísticas”.
Sanjuan comentó que hace unos días recibió un correo de un vecino de un barrio de la Saïdia que le decía que su hijo iba a ser el primero de la familia que iba a tener que abandonar el barrio y mientras paseaba por sus calles se sentía en un pasillo de hotel, “eso es lo que está consiguiendo la derecha en València, ellos no tienen un modelo de ciudad, pero tienen un modelo de negocio y su modelo de negocio es este, el de apartamentos turísticos y en el que no quieren que haya vecinos, sino clientes y turistas”, dijo.
Los vecinos proponen la conversión de 2.000 alquileres turísticos a residenciales
La presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV), María José Broseta, intervino en el Debate del Estado de la Ciudad celebrado en el hemiciclo del Ayuntamiento en representación de las cerca de 80 asociaciones que conforman el movimiento vecinal organizado de la ciudad.
María José Broseta reiteró que el movimiento vecinal no está en contra de que vengan turistas ni tampoco en contra de los locales de ocio: “Son elementos que queremos y que también disfrutamos; pero cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de una ciudad verde, cuando hablamos de una ciudad habitable, estamos hablando de una racionalidad y una sostenibilidad que debe impulsar la convivencia ciudadana, el derecho a disfrutar todas y todos de la ciudad, poniendo límites a los excesos, con respeto al espacio público y a derechos fundamentales como son el derecho a acceder a una vivienda digna o algo tan simple como el derecho al descanso y a la propia salud”, dijo.
En concreto, sobre los apartamentos turísticos, valoró positivamente la moratoria de apartamentos turísticos que tanto se había reclamado desde el movimiento vecinal. Pero añadió que “es primordial que el equipo de Gobierno municipal haga un seguimiento de una situación que está siendo enormemente dañina para la ciudad y los vecinos y vecinas; es imprescindible limitar, con inspecciones y sanciones reales y efectivas; con regulación eficaz”.
Sobre esta cuestión, Broseta reiteró una propuesta concreta: “Hay al menos 4.500 apartamentos turísticos ilegales en la ciudad. Proponemos la conversión de 2.000 de ellos en alquiler asequible residencial”. Esto se podría poner en marcha antes de un año si hay voluntad para llevarlo a cabo, ofreciendo a cambio la suspensión del procedimiento sancionador.