El fiscal anticorrupción del 'caso Taula' apura las opciones para evitar el archivo definitivo de la pieza separada A relativa al 'pitufeo' en la campaña electoral del 2015.
La Audiencia de València, con el voto particular de una de las magistradas, dio carpetazo al caso con un auto de ocho páginas tras una investigación de seis años del Juzgado de Instrucción 18, al considerar que el presunto delito de blanqueo por el cual supuestamente medio centenar de concejales y asesores de Rita Barberá entregaron 1.000 euros al partido que después les fueron devueltos en un sobre con dos billetes de 500 euros se sitúa en el “espacio de la mera sospecha” o que los exconcejales “recibieron el dinero sucio propuesto y consumaron con esta acción el injusto típico característico del delito imputado”. Anticorrupción solicitó cuatro años de prisión para los exconcejales y asesores y hasta 15 años para el entonces vicealcalde Alfonso Grau.
Sin embargo, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, presidida por el magistrado Pedro Castellano Rausell, acordó el sobreseimiento provisional de la causa. Y es a esta circunstancia a la que se aferra el fiscal anticorrupción para evitar el archivo definitivo, o dicho de otra forma, para forzar la reapertura.
Y es que, el fiscal ha pedido a la Fiscalía del Tribunal Supremo que presente ante la sala del alto tribunal un recurso de queja al considerar que el sobreseimiento provisional supone “una infracción de ley y del precepto constitucional de la tutela efectiva de los jueces y tribunales”, según ha avanzado este viernes el diario Levante-EMV.
La petición tiene su base en que un sobreseimiento provisional, contra el que no cabe recurso, está motivado en que no hay suficientes indicios para atribuir el delito. Sin embargo, para el fiscal, según la propia argumentación del auto de archivo de la Audiencia, procedería el sobreseimiento libre, que es el que se dicta cuando no se ha probado la existencia del delito y contra el que sí que cabe recurso.
Ahora, la Fiscalía del Supremo deberá decidir si acepta la petición del fiscal Anticorrupción. Si la acepta, presentará el recurso de queja ante la sala del Supremo, que sin entrar en el fondo de la cuestión, deberá determinar si el sobreseimiento provisional dictado por la Audiencia de València es adecuado, lo que dejaría el asunto sin mayor recorrido, o si siguiendo el criterio de la Fiscalía, el sobreseimiento debió ser libre, por lo que instaría a la Audiencia a que diera trámite a los diferentes recursos sobre el archivo que analizaría el propio Supremo.
Por otra parte, la Audiencia Provincial de Valencia sí que confirmó el procesamiento de Alfonso Grau, vicealcalde durante el mandato de Barberá, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de cohecho impropio en relación con la campaña electoral de 2007 y por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y de blanqueo de capitales (como partícipe), por la campaña del 2011.