El atasco en la dependencia se agrava en València: el Ayuntamiento no cubre las bajas de los trabajadores sociales
“Llegados a este punto se hace evidente que desde la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda no se han realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones del Síndic (...). Este comportamiento ha impedido conseguir, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por la persona promotora de la queja”. El Síndic de Greuges, Ángel Luna, se expresa en estos términos en la resolución de cierre de una queja presentada por una persona afectada por los retrasos en la tramitación de las valoraciones para obtener las ayudas a la dependencia. En este caso, la persona afectada ya era beneficiaria y solicitaba una revisión de su grado.
En su resolución (documento completo al final de la información), el defensor del pueblo valenciano insiste en que aunque finalmente y tras meses de espera “se ha actualizado la prestación económica que percibía, con efectos retroactivos, no se ha dado satisfacción a la solicitud principal que pretendía una plaza en un Servicio de Atención Residencial, y todavía no se le ha ofrecido una prestación vinculada de garantía a este servicio”.
Durante la tramitación de la queja, Luna solicitó varios informes tanto el Ayuntamiento de València, responsable de realizar las valoraciones a través de los servicios sociales municipales al estar la persona afectada empadronada en la capital, como a la mencionada Conselleria, responsable de resolver los expedientes y habilitar los pagos o las diferentes ayudas.
Según consta en el documento, el interesado presentó la queja al Síndic el pasado mes de julio, ocho meses después de solicitar una revisión de su grado de dependencia, al no haber sido resuelta. Fue el pasado mes de noviembre, con más de un año de retraso, cuando la Conselleria confirmó que se había resuelto parcialmente la solicitud del afectado.
Sin embargo, llama la atención que en sus respuestas, el Ayuntamiento que gobiernan el PP y Vox y que dirige la alcaldesa María José Catalá, reconoce que no cubre las bajas del personal de servicios sociales que realiza las valoraciones, lo que sin duda contribuye a agravar los retrasos en el cobro de prestaciones.
En una primera respuesta, el Consistorio afirma que “el expediente pertenece en el Centro municipal de Servicios sociales de Ciutat Vella, el cual tiene tres trabajadoras sociales designadas para hacer las valoraciones pero, desde hace meses, dos de ellas están de baja de larga duración; desde el Servicio de Personal no se envían profesionales de sustitución, por lo tanto, la única trabajadora social que queda se encarga de la atención presencial y domiciliaria de todas las solicitudes”.
Tras un nuevo requerimiento del Síndic, el Consistorio afirma: “Desde el Servicio de Atención Primaria del Ayuntamiento de València se comunica al Servicio de personal de esta corporación todos los meses las bajas existentes. No obstante, nunca son sustituidas. El Servicio de atención primaria tiene previsto un programa piloto de centralización e intensificación de valoraciones en un nuevo edificio donde se realizarán todas las valoraciones de la ciudad por parte de un equipo de 11 profesionales”.
Según los datos oficiales de la Conselleria de Servicios Sociales, hasta el 1 de diciembre había en la Comunitat Valenciana 14.019 personas en lista de espera para obtener alguna ayuda. El pasado 1 de febero llegó a haber 19.624 y el 1 de agosto de 2023, cuando el nuevo ejecutivo que preside Carlos Mazón se hizo cargo a efectos prácticos de la gestión, había en lista de espera 15.347 personas. El 30 de septiembre de 2015, primer dato existente en el registro creado por el primer Gobierno del Botánico a los pocos meses de acceder al ejecutivo tras 20 años de gestión del PP, había 46.496 personas en lista de espera.
La concejala de Compromís Lucía Beamud ha criticado que “día tras día vemos como la alcaldesa Catalá desmantela los servicios sociales en el Ayuntamiento de València. Desde que ella es alcaldesa no ha hecho más ampliar la lista de espera a la dependencia y por tanto el sufrimiento de personas mayores y personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadoras, que esperan poder ser cuidadas en la dignidad y la atención que se merecen”.
“El recorte en personal en servicios sociales es cada vez más escandaloso. Especialmente en la atención primaria, en los centros municipales que es donde la ciudadanía recibe la atención más próxima e inmediata. Aquella que se tiene que cuidar porque ella nos pueda cuidar a nosotros”, ha denunciado la edil valencianista.
“El número de bajas sin cubrir en los centros afecta gravemente, pero es evidente que a Catalá no le importa. Tal como ha reconocido en una respuesta a una queja de la Sindicatura de Greuges al admitir que las bajas ”nunca son sustituidas“”, ha explicado Beamud-
El pasado mes de octubre, la portavoz municipal de la coalición valencianista, Papi Robles, denunciño que había 9.783 personas en la ciudad de València a la espera de obtener la dependencia y criticó que la lista que los recoge se había multiplicado por cinco en año y medio.
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