La Audiencia Nacional investigará si la dejación de funciones del Gobierno para tutelar la ampliación del Puerto de València es fraudulenta

Un nuevo frente legal se abre contra la macroampliación norte del Puerto de València que ya investigan el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción. Ahora, el polémico proyecto llega a los tribunales al admitir a trámite la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso ontra la resolución, de 30 de marzo pasado, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que posibilitaba que la Autoridad Portuaria pueda decidir por sí sola acerca de si es necesaria o no una nueva evaluación ambiental para la ampliación que la misma APV promueve.

Esto fue lo que el propio departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, contestó al alcalde de València, Joan Ribó, cuando les solicitó por carta una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) para la ampliación.

Como informó elDairio.es, el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, afirmó en su escrito de respuesta a Ribó que la Autoridad Portuaria de València (APV) es el órgano sustantivo encargado de autorizar el proyecto al mismo tiempo que ejerce como promotor del mismo (tras el mencionado cambio normativo). “Como órgano sustantivo, por tanto, corresponde en su caso a la Autoridad Portuaria del Puerto de Valencia iniciar la evaluación ambiental de los proyectos de su competencia”, dice el escrito.

La Comissió Ciutat-Port,  integrada por entidades vecinales y ecologistas, recurrió este cambio legal inicialmente en vía administrativa ante el propio ministerio sin obtener respuesta, por lo que decidieron acudir a los tribunales frente a una resolución que califican de “nula de pleno derecho” y dictada en fraude de ley.

Desde la entidad consideran nula esta resolución ministerial por haberse dictado contraviniendo lo dispuesto en la legislación básica en materia de revisión de actos administrativos, establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y suponer un fraude de la legislación ambiental.

“Pretender operar un cambio de titularidad de competencias en materia de evaluación ambiental con efectos retroactivos y con absoluto desprecio de las normas que permiten a la administración volver sobre sus propios actos, solo puede ser calificarse como una decisión nula de pleno derecho”, afirman portavoces de la plataforma.

Tanto el recurso en vía administrativa como en el proceso judicial que ahora se inicia estos colectivos llaman la atención sobre el hecho de que se pretenda,14 años después de su publicación, modificar la DIA de 2007 para dar cobertura a la pretensión de la entidad pública estatal Puertos del Estado y del propio Ministerio de Transición Ecológica de eludir sus responsabilidades de dirección, coordinación y control sobre la macroampliación del Puerto de Valencia que impulsa la APV, que pretende adjudicar la explotación de las nuevas instalaciones a favor de una empresa privada que sería la principal beneficiaria de unas obras que comprometen el futuro del litoral sur valenciano y amenazan la supervivencia de la misma Albufera según han denunciado repetidamente numeroso expertos y académicos.

Incumplimiento de la DIA de 2007

La Comissió Ciutat-Port recuerda que las obras que pretende llevar a cabo la APV, y de las que Puertos del Estado y el Ministerio pretenden desentenderse, vulneran las autorizadas en la DIA de 2007: “No solo por el volumen de materiales de relleno que se proyecta emplear que supera en casi cuatro millones de metros cúbicos los contemplados en la solución autorizada en 2007 (de 19,05 millones de m3 a 23,3 m3), sino también por la demolición de un contradique y muelle de cruceros (terminados en 2012, dentro de la primera fase), por el incremento del consumo de recursos naturales y el incremento de dragados (de -18 metros a -18,5 metros de prfundidad) y en zonas exteriores a la dársena actual con el consiguiente efecto negativo sobre las playas del sur ya detectados durante estos años”, explican.

Pero, además, la plataforma denuncia que la APV ya está actuando de hecho al margen de la autorización contemplada en la DIA de 2007 al anticipar actuaciones con repercusión directa más allá del área de afección inicial y que no aparecían en el Estudio de Impacto Ambiental que sirvió de base a la DIA de 2007. Citan como más llamativa la “demolición de los muelles de cruceros” que ha dado lugar a la convocatoria de otro concurso público para el otorgamiento de una nueva “concesión para la construcción y explotación de una terminal pública de pasajeros en el Puerto de Valencia” en un nuevo emplazamiento, fuera del ámbito incluido en la DIA originaria, sin que se haya procedido a una nueva evaluación ambiental.

Esta actuación ha comportado además el dudoso rescate de antiguas, y potencialmente caducadas, concesiones a la mercantil Unión Naval, propiedad del naviero Vicente Boluda, que hacía años que no las operaba, con una contraprestación en especie consistente en un nueva concesión sobre otros terrenos portuarios y la posibilidad de construir un edificio de oficinas de trece alturas.

Una operación que la propia APV ha tenido que revocar por recomendación de la Abogacía del Estado y la denuncia de la Comissió Ciutat-Port ante la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas que mantiene abierta una investigación al respecto, junto a otra de la Fiscalía Anticorrupción.

En conjunto, concluyen, “Puertos del Estado no puede hacer dejación de sus responsabilidades como entidad pública a la que corresponde la dirección superior y coordinación general de actuaciones en materia de puertos de interés general del Estado, dejando en manos de la misma APV que promueve la macroampliación la decisión sobre si procede o no la evaluación ambiental de su propio proyecto. Estamos frente a un auténtico fraude de ley”.

La Comissió expresa su confianza en sus argumentos jurídicos que permitirán a la Audiencia Nacional examinar la conformidad o no a derecho de la resolución ministerial, así como en la designación de Doña Lourdes Sanz Calvo como Magistrada ponente para el examen del recurso, dada su trayectoria y experiencia en el examen de asuntos medioambientales.

Conforme a lo decretado por la Audiencia Nacional, el Ministerio dispondrá ahora de un plazo de veinte días para remitir el expediente administrativo que dio lugar a la aprobación la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental publicada al objeto de ponérselo de manifiesto a la asociación Per l’Horta que suscribe el recurso en nombre de la Comissió Ciutat-Port con el fin de que puedan formalizar su demanda.

Portavoces de la Comissió han avanzado que, abierto ya el proceso judicial, estudiarán la posibilidad de solicitar de la Audiencia Nacional que suspenda la eficacia de la resolución ministerial recurrida hasta tanto recaiga sentencia definitiva.

Dentro de las actividades de la Comissió Ciutat-Port de oposición social y jurídica a la macroampliación norte proyectada por la APV, han convocado un Consejo Ciudadano, abierto a toda la ciudadanía este viernes 17, en la explanada del edificio del reloj a las 10.00 horas, en paralelo a la convocatoria del Consejo de Administración previsto para ese día por la APV.