“En diversas ocasiones nos hemos reunido con el Colegio de Arquitectos para hacerles entender que era inevitable la desestimación de recursos como el del Palau de la Música. En general, pero aún más si cabe en un contexto como el actual, de crisis sanitaria y económica, sería deseable evitar el bloqueo producido por este tipo de recursos, que están bloqueando sistemáticamente proyectos publicados por el Ayuntamiento de València y todos han sido desestimados. Reiteramos nuestro llamamiento al diálogo, un diálogo que desde este gobierno municipal propiciamos de forma permanente”.
Así se ha pronunciado la concejala de Contratación, Luisa Notario, tras el séptimo recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valencianael ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) contra los pliegos de la licitación y adjudicación de un proyecto municipal, en esta ocasión relacionado con la rehabilitación de la muralla musulmana de València.
Fuentes del departamento de Notario han lamentado que “desde principios del año 2020 han impuesto cuatro recursos de reposición, todos con idéntica fundamentación, y los cuatro han sido desestimados”. En la misma línea y “con idéntica estructura y argumentación” se interpusieron “dos recursos especiales los cuales han sido inadmitidos por el TARC; el 1 de julio interpusieron un nuevo recurso especial contra el proyecto de restauración y puesta en valor de la muralla islámica”.
Los otros seis proyectos que se recurrieron, según las mismas fuentes, estaban relacionados con las rehabilitaciones de la Alquria de la Torre, del Casino del Amaericano, del Palau de la Música y de las naves de Mariano Cuber, así como los estudios geotécnico, levantamiento topográfico, dirección y coordinación de la escuela infantil del Cabanyal y del centro de día de mayores del Cabanyal EDUSI,
Las mismas fuentes han advertido de que “la reiteración en la interposición de recursos atenta directamente contra los principios de eficacia, economía y celeridad administrativa establecidos en el artículo 103 de la Constitución Española, al entorpecer directamente el funcionamiento de los servicios municipales, con un claro ánimo de obtener una respuesta favorable, no por el peso jurídico de sus argumentaciones, sino a través de una estrategia de bloqueo que está ocasionando ya un retraso en los tiempos de desarrollo de los procedimientos de adjudicación”.
El Colegio de Arquitectos pide unas bases menos excluyentes
Al respecto, el decano del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, Luis Sendra, ha negado tajantemente que los recursos del organismo respondan a una estrategia de bloqueo por parte de la entidad: “Las alegaciones que se presentan pretenden que a los procesos de contratación se puedan presentar sin exclusión todos los arquitectos, sin sesgos, para posibilitar que los más jóvenes también tengan la opción de concurrir y ganar o al menos de estar incluidos en algún equipo ganador; no vamos contra el Ayuntamiento, sino que queremos que los concursos favorezcan la calidad del espacio construído”.
Así, mientras ha reconocido que, tal y como venían reivindicando, el peso de las ofertas económicas a la baja ha disminuido de 49 puntos a 41 sobre 100 en las adjudicaciones, lo que evita que los procesos se conviertan en subastas y se resienta la calidad del proyecto, en el caso de la experiencia el excesivo peso de este parámetro sin regulación puede ser un elemento de discriminación.
En el caso de la muralla musulmana, Sendra ha explicado que el recurso se ha presentado por considerar que es un contrato no sujeto a reglamentación armonizada, ya que el valor de lo contratado para el arquitecto es de 31000 euros, en el que entienden que deben de aplicarse los criterios del articulo 90.4 Ley de Contratos de Servicios Públicos referidos a las empresas de nueva creación que expresamente lo prevé.
“El peso del 59% en experiencia más el peso del 41% por precio precio (y ahí dentro la baja que hagan) hace que las empresas de nueva creación no vayan a tener la posibilidad de acceder a este concurso a pesar de que la ley se lo permite, por lo que los colegiados de reciente titulación verían impedida su posibilidad de participar en igualdad de condiciones en este tipo de contratos”, ha argumentado.
Según Sendra, el Colegio ofreció a la concejala Notario la posibilidad de crear una comisión conjunta para pulir los flecos de las bases que pudieran ser mejorables entre ambas instituciones, pero no se tuvo en cuenta. Aún así, ha asegurado que “la mano sigue tendida” porque lo que quieren es “ayudar, no paralizar”.
Además, han advertido que sus reivindicaciones están recogidas en la Ley de Arquitectura y Calidad del Espacio Construido que viene tramitando el Gobierno para su aprobación y que uno de sus aspectos es, precisamente, que se incluya de alguna a manera a los jóvenes en los concursos.