La comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de Valencia para esclarecer el presunto blanqueo de 50.000 euros por parte del grupo municipal del PP antes de las pasadas elecciones locales, así como el presunto amaño de adjudicaciones a cambio de mordidas, se ha reanudado este martes tras el parón veraniego igual que terminó antes de agosto: sin declaraciones que aporten luz al caso Taula.
Así, de los 30 exconcejales y exasesores citados a declarar, tan solo se han presentado María Dolores Cubells, Julio Aguado y Alfredo Pascual (exasesores del grupo popular obligados por su condición de funcionarios).
Sin embargo, todos ellos se han acogido a su derecho a no declarar argumentando que todos los grupos municipales tienen acceso a las comparecencias que realizaron en sede judicial.
En este sentido, la portavoz del PSPV, Sandra Gómez, les ha recordado que en su informe final no podrán usar estas declaraciones, tan solo las que se hagan en el marco de la comisión municipal, algo que ha negado el portavoz del PP, Eusebio Monzó.
Al término de la sesión, el presidente de la Comisión, Carlos Galiana (Compromís), ha explicado que finalizada esta primera fase de comparecencias a la que solo han asistido a declarar cuatro personas, harán un informe sobre las mismas y el próximo 18 de octubre elaborarán las conclusiones.
Paralelamente, solicitarán a los juzgados los expedientes de las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos (obras de las Torres de Quart, de los puentes de Trinidad y Serranos, de la Rambleta y Mostra de Cine) y determinarán si procede llamar a declarar a representantes de las empresas adjudicatarias.
Esta comisión, formada por un representante de cada grupo político del Ayuntamiento (Ciudadanos, PSPV, Compromís, València en Comú y PP), se creó a propuesta de Ciudadanos con el voto a favor de todos los partidos, incluido el PP.
Sin embargo, pese al apoyo explícito de los populares al proceso, la realidad es que desde el primer momento se han mostrado reacios a colaborar en las comparecencias, puesto que solo los funcionarios y el personal eventual están obligados a personarse.